La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha encontrado a Matas culpable de delitos de fraude a la Administración, falsedad en documento oficial, prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

“Fue él (Matas) quien, al haber diseñado el plan que otros, en cadena, ejecutaron, posibilitó la aplicación de caudales públicos a un fin meramente particular”, señala la sentencia dictada este martes, de 172 folios.

La Fiscalía Anticorrupción, que pedía ocho años y medio de prisión, podría solicitar ahora el ingreso en prisión de Matas sin esperar a que la sentencia dictada supere el filtro del Tribunal Supremo y adquiera firmeza. Además de la pena de prisión, Matas ha sido condenado a cinco años inhabilitación especial para cargo público y al pago de 11.265 euros en concepto de multas.

CONDENA AL PERIODISTA

Los magistrados de la Audiencia Provincial han condenado asimismo a Alemany a tres años y nueve meses de prisión por delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

También han sido condenados el exdirector general de Comunicación Joan Martorell (un año y medio de prisión) y el administrado de la agencia de comunicación Nimbus, Miguel Romero (una año, un mes y 15 días de prisión), por delitos de prevaricación, fraude a la Administración, falsedad documental y fraude a la Administración en concurso con malversación de caudales públicos, pero con las atenuantes de confesión y reparación del daño, al haber llegado a un acuerdo con las acusaciones.

El tribunal ha absuelto, en cambio, a la acusada María Umbert, antigua jefa de gabinete de Matas. También ha sido absuelta Dulce Linares, quien ejerció como jefa de gabinete del expresidente balear desde marzo de 2004.

Esta es la primera sentencia derivada del “caso Palma Arena”, que cuenta ya con 25 piezas, en la mayoría de las cuales está encausado Matas, incluida la que investiga la presunto captación y desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, cuyo máximos responsables son el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su antiguo socio, Diego Torres.

CONCURSO PÚBLICO AMAÑADO

“En junio de 2.003, Jaume Matas resolvió que el autor de sus discursos y el asesor en sus diversas comparecencias públicas de variado calado y contenido fuese Antonio Alemany”, señala la sentencia, que define a este último como un “insigne periodista” que era “afín a posicionamientos del Partido Popular” y con una “brillante y reconocida pluma por la calidad literaria y calado político-cultural de sus escritos”.

En un principio, entre agosto y octubre del año 2003, Alemany cobró sus trabajos para Matas mediante la presentación de facturas globales por valor de 2.000 euros a través de la empresa Consultores de Información de Baleares.

Matas buscó entonces otro medio de pago con el que Alemany pudiera “mantenerse en el anonimato como asesor”, así como “seguir dedicándose tanto a sus actividades privadas en el seno de la mercantil como a su actividad como articulista, singularmente la crónica político-social, lo que indirectamente, por afinidad ideológica con el PP, iba a comportar naturalmente un beneficio, sea al partido o al presidente”.

El entonces presidente balear concibió una “estratagema” y promovió un concurso público amañado y en el que restringió “al máximo la posible concurrencia de licitadores” y ofreció a Alemany “la máxima información previa para colmar sobradamente la oferta”.

Matas se concertó con Alemany, Joan Martorell y Miguel Romero para que la empresa Nimbus Publicidad se presentara al concurso con el único objetivo de pagar al periodista. El 28 de octubre de 2003, el Gobierno de Baleares resolvió adjudicar el contrato público a Nimbus Publicidad.

PAGOS A ALEMANY

“La forma de pago a Alemany se instrumentalizó mediante facturas mensuales que emitía Nimbus Publicidad”, señala la resolución antes de indicar que la empresa, por hacer de “pantalla”, cobraba una comisión de cerca del cinco por ciento sobre los trabajos del periodista.

“El contrato administrativo referido carecía de auténtica causa impulsora; ninguno de sus objetivos se cumplió; y solo sirvió para retribuir a Alemany todos los servicios que el presidente Matas le encomendó, y que efectivamente llevó a cabo durante toda la Legislatura”, concluyen los magistrados de la Audiencia Provincial de Palma, presididos por Margarita Beltrán.

El tribunal también considera probado que el Gobierno de Matas autorizó un contrato menor por 11.550 euros como "propina" a Alemany y que se le concedió una subvención de 450.000 euros a una de sus empresas.

Los magistrados dicen tener “el íntimo convencimiento de que no están todos los que son”, pero sí están “todos los que fueron”.