En su iniciativa, el BNG pone como ejemplo a los 350 pescadores que realizan su actividad en el Miño, desde Arbo hasta la desembocadura, en A Guardia.

Dice el BNG que esos pescadores "deben de contar con todos los requisitos que corresponden a la actividad de la pesca, tanto en lo relacionado con las correspondientes licencias como en lo que respecta a la normativa a la que tienen que ajustarse sus embarcaciones".

Esos requisitos, defiende el partido gallego, "asemejan" las condiciones reglamentarias de los pescadores de río con los del mar, sin embargo, "no gozan de los mismos beneficios" del Régimen de Seguridad Social, ya que están encuadrados en el de autónomos.

Además de esas similitudes reglamentarias, el BNG considera que esos pescadores "también padecen las situaciones de penosidad, peligrosidad y problemas de salud" derivados de las condiciones en las que realizan su actividad laboral. Por ello, reclama al Gobierno que estudie esa reclamación y la tenga en cuenta en los debates sobre la modificación del Pacto de Toledo.