En su iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, el PP pide la implantación de sistemas que eviten el uso fraudulento de esas tarjetas, con elementos que hagan difícil su copia o falsificación, como el holograma o el chip.

En la exposición de motivos, el PP subraya la "facilidad" con las que esas tarjetas pueden ser copiadas o falsificadas, con el consiguiente perjuicio para los verdaderos destinatarios de esas plazas de estacionamiento.

La Constitución, recuerda el PP, consagra el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y obliga a los poderes públicos a desarrollar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad.

La Ley de Integración Social de los Minusválidos ya hacía referencia a las medidas que debían tomar los ayuntamientos para facilitar el estacionamiento de vehículos pertenecientes a personas con discapacidad o con problemas graves de movilidad. Por ello, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local hace precisiones en materia de ordenación del tráfico con esa finalidad.

En 1998, la Unión Europea recomendó a los estados miembros un modelo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. En España, son las comunidades autónomas las que legislan sobre esta materia, y la mayoría de ellas ha delegado en los ayuntamientos la tramitación y concesión de esas tarjetas.

Sin embargo, explica el PP, la "facilidad" con la que esas tarjetas pueden ser copiadas o falsificadas genera un grave perjuicio a sus auténticos destinatarios, por lo que reclama al Gobierno la implantación de sistemas de seguridad.