El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal; el portavoz de este partido en el Parlamento catalán, Nacho Martín Blanco; el diputado José María Espejo-Saavedra y la diputada en el Parlamento de Cataluña Anna Grau, fueron los encargados de presentar una queja en el Defensor del Pueblo.

Con esta iniciativa denuncian la situación de “acoso y desamparo” de las familias en Cataluña que piden que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que el 25% de las clases sean en castellano, así como el “acoso” del nacionalismo “más radical” que protesta ante las familias que realizan esta petición.

En este sentido, lamentó la “clara inacción” por parte de la Generalitat de Cataluña y, sobre todo, del Gobierno central, que tendría que estar “protegiendo” el derecho de los ciudadanos a poder ser educados también en castellano y velando por el cumplimiento de la sentencia del TSJC “de acuerdo con el principio de separación de poderes”.

GENERALITAT Y GOBIERNO

Según Bal, es “indignante” que el consejero de Educación de la Generalitat catalana, Josep González Cambray, haya dicho que no va a cumplir esta sentencia y haya llamado a los centros educativos a hacer lo mismo y que el Gobierno central solamente esté “preocupado en sostenerse en el poder” y “mire para otro lado”.

Al respecto, destacó que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, “mira para otro lado” porque se cree que el Estado “es él” y se “sirve” del mismo en vez de ponerlo “al servicio de los ciudadanos para que éstos puedan ejercitar sus derechos”. Si el Gobierno “mira para otro lado”, continuó, Ciudadanos “no va a mirar para otro lado” y no se va “a rendir”.

A su vez, Bal deploró el acoso y las amenazas que está sufriendo una familia en Canet de Mar, Barcelona, por haber pedido que su hijo de cinco años reciba ese 25% de clases en castellano y apuntó que no se puede admitir que desde la Generalitat catalana se diga que las personas que piden cumplir dicha sentencia son “enemigos de Cataluña”.

Por su parte, Martín criticó que por esta sentencia el nacionalismo haya montado una “auténtica campaña de acoso” a aquellas familias que se “atreven” a pedir su cumplimiento. A su juicio, es “inconcebible e insólito” en una democracia que los poderes públicos se “desentiendan” de esa “necesidad” de “salvaguardar los derechos de los ciudadanos de conocer la lengua española”.

Al mismo tiempo, afeó que el Gobierno central esté “obcecado” en seguir manteniendo el apoyo parlamentario de los partidos separatistas que son quienes “han impuesto” este sistema “mal llamado” de inmersión lingüística, ya que, según Martín, se trata de un sistema de “monolingüismo lingüístico”.

OTRAS INICIATIVAS

Sobre este mismo tema, Ciudadanos solicitó la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, para informar de las medidas que tiene previsto tomar ante la situación de “acoso” por parte del independentismo que están sufriendo menores y sus familias en Cataluña por pedir que se respete su derecho reconocido judicialmente a recibir, al menos, el 25% de su educación en castellano.

Además, este partido presentó en la Cámara Baja una batería de preguntas por escrito para que el Gobierno dé explicaciones sobre el “deplorable acoso” al menor de Canet de Mar y su familia. En concreto, entre otras cuestiones, Ciudadanos quiere saber si el Ejecutivo tomará medidas para acabar con esta situación.