Las cuatro normas fueron aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, tras el cual la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, explicó que un primer decreto se refiere a una nueva regulación del fondo para la competitividad de empresas turísticas, actualmente dotado con 565 millones, con el que podrán obtener financiación autónomos y empresas del sector para desarrollar proyectos innovadores en ámbitos de digitalización, eficiencia energética, mejora de la accesibilidad o sobre economía circular.
Un segundo decreto se refiere a subvenciones directas a comunidades autónomas y entidades locales por 109,8 millones para “mantenimiento y rehabilitación” de patrimonio histórico de uso turístico. En concreto, se destinarán a 37 bienes de interés cultural, la mayoría ubicados en zonas rurales. Maroto destacó que más de 62 millones van para rehabilitar bienes de interés cultural pertenecientes al Camino de Santiago; 45 millones, a las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad; y 2,7 millones, para el Camino Ignaciano.
El tercer decreto, supone 45 millones para comunidades y entidades locales para mejorar la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad de los destinos pertenecientes a los Caminos de Santiago de todo el territorio español, siendo Galicia, en palabras de Maroto, la región “que más se va a beneficiar”, con más de 42 millones.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó ayudas directas para el sector naval por 20 millones de euros, un 25% más que en 2020, que, según la ministra, “va a permitir potenciar su capacidad competitiva y su diferenciación tecnológica”, y una modificación sobre el funcionamiento del fondo de recapitalización de empresas afectadas por la Covid-19 que gestiona Cofides para “mejorar la eficacia” de este fondo, aprovechando la ampliación del marco temporal de ayudas europeas.