En el escrito, firmado por la presidenta de la AEB, Ana Losada, se solicita al Ministerio Fiscal las actuaciones necesarias “a fin de evitar la distribución de la encuesta a la que se refiere el presente escrito”, argumentando que dicha encuesta carece de utilidad formativa, no se ajusta a la Ley Orgánica de Educación (2006), ni a la Ley de Educación de Cataluña (2009), ni a la Ley de Estadística de Cataluña (1998), recaba de los menores datos que afectan a la intimidad, como el idioma empleado con sus padres y amigos, y se pide a los alumnos fiscalizar la lengua usada por los profesores.

Según la AEB, la encuesta "supondrá la vulneración de los derechos de los alumnos, en concreto, el derecho a la intimidad personal y familiar; ya que habrá de facilitar datos que afectan a ella y que no cambian de naturaleza por el hecho de que el nombre del alumno no se vincule a las respuestas dadas; el derecho a la libertad ideológica, ya que se le hace participar en una encuesta conectada con un debate político vigente y
promovida por quien se ha posicionado con claridad en dicho debate y el derecho a no verse obligado a realizar tareas en el entorno escolar que no sean necesarias para la educación y formación del alumno".

Así, “da la impresión de que la encuesta tiene una clara naturaleza política que pretende cubrir un ámbito para el que la Administración no tiene competencia. Olvida el Síndic sus funciones y se pone al servicio de la causa de la inmersión lingüística obligatoria que defiende el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña”.

Por todo ello, el escrito solicita la intervención del Ministerio Fiscal invocando la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, las citadas leyes educativas de 2006 y 2009 y la condición del menor como titular de libertad de ideología, de conciencia y de religión y de libertad de pensamiento, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

Paralelamente, en otro escrito, la AEB ha solicitado "la intervención del Defensor del Pueblo ante lo que consideramos una extralimitación
de las funciones del Síndic de Greuges y del Departament d’Educació" de la Generalitat y ruega que “solicite la retirada de la encuesta de los centros educativos y en su defecto del apartado que pregunta al alumno sobre la lengua que habla el profesor”. “Consideramos que Departament y el Síndic estan utilizando a los menores para realizar un estudio encubierto de la lengua vehicular de la escuela catalana e identificar al profesorado que utilice castellano en su docencia”, sentencia literalmente el escrito dirigido al Defensor del Pueblo.