Así se desprende de un análisis realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (Fadsp) y basado en los presupuestos que aprueban las comunidades autónomas, que aglutinan el 92,96% del gasto sanitario público total en España.

Actualmente, los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas están presentados y no parece que vayan a producirse modificaciones significativas, por lo que, según la Fadsp, pueden considerarse como "casi definitivos". La única excepción es Andalucía, que ha prorrogado sus cuentas de 2021.

En términos generales, el análisis de la Fadsp, difundido este lunes, indica que los presupuestos sanitarios autonómicos para 2022 experimentan una subida de 66,95 euros por habitante (un 4,15% más) respecto a 2021, lo que es "insuficiente" para la Fadsp, que reclama un incremento de 1.000 euros per cápita.

La Comunidad de Madrid cierra la tabla autonómica en cuanto a presupuesto sanitario para 2022, con 1.300,55 euros. También lo hizo en 2019 (1.236,00 euros) y en 2020 (1.236,00 euros). Andalucía (1.388,86 euros per cápita), Murcia (1.433,02), Cataluña (1.456,45) y Canarias (1.542,17) son las siguientes con menor inversión en este aspecto.

Por el contrario, País Vasco será el próximo año la región con el mayor presupuesto sanitario por habitante (1.991,21 euros), por delante de Asturias (1.932,83), Navarra (1.915,86), Extremadura (1.880,72) y Castilla y León (1.863,55).

DIFERENCIAS “EXCESIVAS”

Según la Fadsp, las diferencias entre regiones vuelven a ser "excesivas", puesto que una brecha de 690,66 euros entre las comunidades autónomas con mayor y menor presupuesto "dificulta que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, y rompe con la necesaria equidad y cohesión" entre las comunidades.

"En resumen, un aumento escaso y muy mal repartido que hace que se mantenga la insuficiencia financiera global de nuestro sistema sanitario y consolida las desigualdades interterritoriales", indicó la Fadsp, que pidió "menos promesas vacías y más presupuestos" para la sanidad pública, así como mecanismos de financiación finalistas que reduzcan las "excesivas diferencias" y garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud.