El conflicto tiene que ver con la intervención de la fiscal general de Estado, Dolores Delgado, en el caso del fiscal Ignacio Stampa, que quedó apartado de la instrucción del caso ‘Kitchen’ tras las denuncias de que había compartido información con una de las abogadas de Podemos, que ejercía la acusación popular en esa causa.

Stampa denunció irregularidades en la investigación que se abrió en su contra por revelación de secretos y la AF pidió toda una serie de documentación a la fiscal general en el último Consejo Fiscal. Entre otros asuntos, reclamaba información sobre la presencia de Garzón en esa causa, habida cuenta de que es el compañero sentimental de Delgado.

El propio Garzón remitió el jueves un burofax a la Comisión Ejecutiva de la AF en el que denunciaba el daño a la reputación de su bufete que estaban causando estas acusaciones y afirmaba que los vocales de la AF no están “legitimados” para acceder a la información del expediente del fiscal Stampa.

En un comunicado hecho público este viernes, la asociación fiscal asegura: "Nos han causado estupor los términos de dicha comunicación pues confunde deliberadamente o incurre en manifiesto error al equiparar a la Asociación de Fiscales con los consejeros electivos del Consejo Fiscal que, si bien forman parte de la propuesta de dicha asociación para el Consejo Fiscal, son escogidos democráticamente por toda la Carrera Fiscal y disponen de autonomía absoluta en el desempeño de sus funciones”.

Y continúa: “Los consejeros electivos (y no la Ejecutiva de la Asociación) han solicitado información por escrito de cuestiones esenciales para conocer si han existido conflictos de intereses, causas de abstención o intromisiones en asuntos por parte de la Fiscal General del Estado, precisamente en relación con Baltasar Garzón, quien según información pública es su pareja sentimental".

Insiste la AF en que su petición es "legítima, se incardina en sus funciones y fue solicitada". En cambio, "Ilocad es quien carece de legitimación para interferir en el funcionamiento interno de un órgano del Ministerio Fiscal, y mucho menos para solicitar de una asociación profesional sus actas ni copias certificadas de sus reuniones, debates y votaciones internas".

La Asociación de Fiscales denuncia que los términos del burofax son “inaceptables e improcedentes” y constituyen “un ataque insólito a los consejeros electivos del Consejo Fiscal y a la propia Carrera Fiscal, de quienes son sus representantes. La comunicación pretende condicionar la actuación de los consejeros electivos e impedir el conocimiento de lo acaecido mediante intimidaciones encubiertas".