Antes de los pesos pesados de la compañía, comparecerán en sede judicial el día 17 de enero el exjefe del área de Negocios de la compañía Francisco Martínez Córcoles, y el que fue jefe del gabinete de la presidencia de Iberdola, Rafael Orbegozo. Terminará la ronda declaraciones con la comparecencia de Iberdrola Renovables, imputada como persona jurídica, el día 20 de enero.

Todos ellos están siendo investigados por presuntos delitos continuados de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil derivados de la contratación de empresas del Grupo Cenyt, propiedad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre los años 2004 y 2017. Por esos trabajos, la empresa del policía cobró alrededor de 1,1 millones de euros.

Tras la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de avalar la imputación del Iberdrola Renovables como persona jurídica por un presunto delito de cohecho, el juez está en condiciones de fijar fecha para las declaraciones.

El juez sospecha que el antiguo jefe de Seguridad de la eléctrica Antonio Asenjo contactó con Villarejo para realizar trabajos de carácter “confidencial” y que se manipularon las facturas para ocultar la verdadera naturaleza de los trabajos realizados por el comisario, que en esos momentos era policía en activo. Durante los años de contratación con Villarejo, Galán era vicepresidente de la compañía y consejero delegado de Iberdrola.

Entre los trabajos que están bajo la lupa del juez destaca el llamado ‘proyecto Arrow’ que pretendía soslayar los obstáculos para la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz) entre los años 2004 y 2006, para lo cual Villarejo habría monitorizado llamadas de diversas personas implicadas al margen de la legalidad.

El instructor sospecha que Iberdrola trató de ocultar esos encargos y para ello hizo que las facturas las emitiera Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa), que tenía vínculos comerciales con la eléctrica. Según la investigación que abrió Iberdrola, no se puede afirmar que esas facturas estén vinculadas a trabajos realizados por Villarejo. Fue la Agencia Tributaria la que detectó pagos de Casesa al comisario por valor de más de 400.000 euros.

También está sobre la mesa el llamado ‘proyecto Black Board’ destinado a encontrar información sensible sobre el entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, con las que poder presionarle en futuras decisiones empresariales.

Igualmente, Galán tendrá que responder sobre el ‘proyecto Posy’ destinado a espiar al presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, para encontrar cualquier asunto que pudiera servir para presionarle en caso de “conflicto con Iberdrola”.

Se suman también el proyecto ‘Gipsy’, para investigar a José María Álvarez Vázquez, exdirector de servicios generales de Iberdrola, S.A., y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de Iberdrola, por sospecha de pago de comisiones ilegales; y el proyecto ‘Wind’ para investigar a una sociedad suiza con la que la eléctrica se había asociado para desarrollar infraestructuras en Rumanía.