Lo hizo a través de un comunicado en el que recordó que ya había reclamado en varias ocasiones al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de Agricultura, que regulara un doble etiquetado obligatorio que indicase el precio en origen de los alimentos, además del de venta al público, para permitir a los consumidores conocer “bajo qué condiciones y cuánto se está pagando a los productores” con el fin de fomentar una compra “informada y responsable”, tal y como también reflejó en sus aportaciones al anteproyecto de ley.

Facua volvió a incidir en la necesidad de que se dote a los consumidores de “mecanismos” que les permitan “intervenir de forma efectiva” en la cadena alimentaria, al poder tomar decisiones “informadas” sobre los productos que consumen. Para ello, juzgó “imprescindible” que se les informe “con la mayor transparencia y de forma adecuada” sobre los alimentos que adquieren, los procesos de formación de precios, los márgenes de origen-destino, el lugar de origen o las condiciones en que se han producido.

En paralelo, recordó la necesidad de “reforzar” las labores de control, inspección y sanción por parte de las administraciones competentes para evitar incumplimientos de la normativa, vinculados “en muchos casos”, a su entender, a actos de competencia desleal y en perjuicio de los consumidores, al atribuir características a los productos que realmente no poseen, como un origen falso.

Junto a ello, consideró “positiva” la publicación desde ahora de las sanciones a operadores que hayan cometido irregularidades, al estimar que el “secretismo” sobre las mismas “sólo redunda en beneficio del infractor y en contra de los intereses del consumidor”, que, a su juicio, “se ve desprovisto de información sobre la ilegalidad de prácticas que atentan contra sus derechos”.

Finalmente, volvió a reivindicar un modelo comercial “diversificado”, en el que se “potencien” los canales cortos de venta, es decir, aquellos que permiten adquirir los productos en origen o en establecimientos que compran directamente a los productores, eliminando los intermediarios. Según la organización, de este modo se “recuperaría” el “equilibrio” en un modelo “demasiado escorado” actualmente hacia las grandes superficies, que, bajo su punto de vista, “deja poco poder a los productores, que no pueden elegir a quién y bajo qué condiciones venden su mercancía”, circunstancia que, a su vez, “limita” la “libertad” de los consumidores, que no tienen “auténticas opciones de compra” y desconocen las condiciones de la intermediación.