Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra este viernes, 3 de diciembre, su vocal Óscar Martínez señaló de que la citada Ley exige a los Juzgados la revisión y adaptación en el plazo de 3 años de todas las resoluciones referentes a las personas con capacidad modificada judicialmente, con patria potestad prorrogada, tutela, etc. En su opinión, “el volumen de trabajo que se avecina resulta ingente”.

El movimiento asociativo de la discapacidad calcula que cerca de 250.000 personas se encontrarían incapacitadas judicialmente en España, aunque el número podría ser más elevado a falta de la estadística definitiva pendiente, apuntó.

Un nuevo enfoque requiere más recursos, y destacó que “dado que la nueva normativa supone un cambio tan sustancial, es indudable que esta revisión va a suponer una sobrecarga importante de trabajo para los juzgados”.

Por eso, es necesario dotarles de medios suficientes para ello, no solo para que puedan cumplir con el plazo de los 3 años, sino también porque el nuevo sistema está enfocado en determinar qué medidas de apoyo se precisan en cada caso concreto, explicó.

Afirmó también que “no todos los Juzgados tienen adscritos gabinetes psicosociales propios que colaboren en la gestión de estos procedimientos judiciales, cuya pericia resulta necesaria para que el órgano judicial determine el grado y tipo de discapacidad de la persona y en consecuencia las medidas de apoyo que necesita. Esta carencia endémica de gabinetes también contribuirá a que la demora sea aún mayor”, declaró el vocal de la AEAFA.

Según la asociación, la ley supone una transformación de la mentalidad social con respecto a la discapacidad y la aceptación de la premisa de que estos ciudadanos son titulares de derecho. Entre otras medidas, elimina la posibilidad de incapacitar a través de una demanda judicial a una persona con discapacidad intelectual. Por tanto, desaparece la figura de la tutela, que se sustituye, principalmente, por una curatela representativa o por la aplicación de un sistema de apoyos voluntarios.

También se suprime la patria potestad prorrogada, que es la que se ejerce sobre los hijos una vez que hayan cumplido la mayoría de edad.

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Esta opinión coincide con otras voces como la de la fiscal de la Sala del Tribunal Supremo para la Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, quien también reclamó más medios. En las recientes jornadas de la Aeafa en Sevilla, Segarra manifestó que “lo que nos está pidiendo la ley es multidisciplinariedad en los informes".

A su juicio, igual que en los juzgados sobre Violencia Contra la Mujer se han creado equipos multidisciplinares, “también necesitaremos esos equipos multidisciplinares para el apoyo de las personas con discapacidad que incluyan un psicólogo”. “Aunque la reforma no menciona específicamente al profesional de la psicología, me parece absolutamente necesario“, declaró.