Estas son dos de las medidas que recoge el estudio ‘Menores y adolescentes sin alcohol. Una perspectiva epidemiológica, económica y jurídica’, realizado por la profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha Josefa Cantero, la profesora contratada doctora de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Alcalá Francisca Sureda, y la profesora titular en la Universidad Internacional de Catalunya Marta Trapero, que fue presentado en un acto que contó con la presencia del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí.

A juicio de las autoras de este trabajo, que la fundación enviará a los poderes ejecutivo y legislativo, las intervenciones encaminadas a reducir el consumo de alcohol en adolescentes deberían tener como objetivo retrasar progresivamente la edad de inicio de consumo hasta lograr el consumo cero entre los menores de edad; desnormalizar el consumo de alcohol entre la población adulta y adolescente y aumentar la percepción del riesgo de su consumo, y para ello presentan un decálogo con casi una veintena de propuestas epidemiológicas, económicas y legislativas que incluyen la elaboración de una normativa integral en relación con el alcohol y los menores, recogida en los objetivos de la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2022.

Entre las medidas a implementar también destacan la necesidad de intervenir de una forma “más intensa” en la disponibilidad y en la oferta de alcohol, garantizar una buena coordinación entre las políticas sanitarias y las educativas, llevar a cabo una prevención con perspectiva de género, prohibir la expresión “consumo responsable” para evitar “normalizarlo", abordar esta problemática desde un enfoque “integral” para facilitar una intervención directa y “mucho más intensa de los poderes públicos”, implantar una “adecuada” política fiscal y de precios para “desincentivar” el consumo o mejorar la actual regulación del etiquetado de las bebidas alcohólicas

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Con respecto a la publicidad, las autoras urgen a los legisladores a adoptar medidas de intervención “específicas” sobre la promoción de bebidas alcohólicas, convencidas de que una de las intervenciones más eficaces para conseguir la reducción de su ingesta incluye la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del alcohol y conscientes de que la regulación actual “es muy escasa y manifiestamente mejorable”.

En este punto, el estudio critica que la legislación estatal solo prohíbe la publicidad en televisión de bebidas alcohólicas de graduación superior a 20 grados y en aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo, lo que obliga a realizar “complejas interpretaciones jurídicas”. A su juicio, algunas legislaciones autonómicas “son mucho más avanzadas” que otras, lo cual se traduce en una protección “desigual” del menor, por lo que también urgen a “armonizar normas y criterios de actuación” incluso a nivel internacional.

Con todo, para el vicepresidente ejecutivo de Fundación Alternativas, Diego López Garrido, la “mejor medida a realizar sería prohibir consumir ni una gota de alcohol por debajo de una determinada edad”, si bien consideró que todas las propuestas “son realmente llamativas”.

Junto a ello, hizo hincapié en que las diferencias de género en el consumo de alcohol “están claramente disminuyendo y acercándose” y que su ingesta “es uno de los principales riesgos para la salud en la población joven”, además de un factor “enormemente asociado al riesgo o incremento" de las lesiones en accidentes de tráfico, embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual.

Por su parte, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas puntualizó que en las últimas décadas ha habido “cambios muy importantes” en el patrón de consumo en España, pasando de un consumo “por mucha gente a diario, con las comidas en general, en dosis relativamente bajas” a un consumo “no diario, pero mucho más intensivo por muchas personas en los fines de semana, especialmente jóvenes y muchos de los cuales se intoxican intensivamente de forma relativamente frecuente”.

Villalbí recordó que el alcohol es cancerígeno y, por tanto, “cualquier dosis aumenta levemente la probabilidad de desarrollar un cáncer” y defendió que se trata de una sustancia “más peculiar que otras”, lo que, a su entender, “hace que las regulaciones sobre ella no sean tan fáciles de adoptar como sobre otras sustancias cuyos efectos negativos quedan muy en evidencia”.

No obstante, advirtió de que la dependencia al alcohol “es muy grave y muy destructiva” y de que “normalmente tiene consecuencias muy graves y muchas de las personas que la desarrollan tardan mucho en buscar ayuda profesional”. “Tardan años y, cuando llegan a buscar ayuda profesional, su vida se ha visto muy devastada por este problema”, sentenció, para alertar también sobre la “muy baja percepción de riesgo y muy alta percepción de disponibilidad que tienen los menores respecto al alcohol”.