Discapacidad

Las fundaciones tutelares piden a la administración que garantice el cumplimiento de la nueva legislación sobre discapacidad

Madrid
SERVIMEDIA

La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) exigió este jueves "un compromiso firme" por parte de las administraciones públicas para garantizar el adecuado cumplimiento de la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Con motivo de la celebración mañana viernes 3 de diciembre del Día Internaiconal de las Personas con Discapacidad, exigió asegurar "todo lo necesario" a familias, entidades sociales, actores públicos y privados y personas con discapacidad intelectual, para derribar las barreras que dificultan la aplicación de esta ley.

En un comunicado, pidió poner a disposición de la administración de justicia los recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo todas las revisiones de sentencias y procesos de provisión de apoyos según lo que establece la nueva legislación, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada persona y garantizando un proceso de revisión de sentencia o de provisión de apoyos en el que ésta sea la protagonista y se tengan en cuenta su voluntad, sus deseos y sus preferencias.

Del mismo modo, la AEFT incidió en la obligatoriedad de adaptar los procesos a cada persona, sobre todo en el caso de las personas con grandes necesidades de apoyo, con los ajustes de procedimiento necesarios y aplicando todas las herramientas existentes para intentar conocer su voluntad, a fin de no caer en la sustitución de figuras como la incapacitación total por otras igualmente restrictivas como la curatela representativa, que solo se mantiene para situaciones excepcionales.

Asimismo, la organización reclamó mayor soporte económico para quienes prestan los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, ya que, desde hace años, se arrastra una situación que dificulta el trabajo de las entidades de apoyo, que se ven obligadas a duplicar esfuerzos para encontrar financiación suficiente que sostenga las estructuras profesionales que se necesitan para garantizar los apoyos individualizados, tal y como expone la nueva legislación.

En este sentido, también exigió el reconocimiento de estos apoyos en todas las carteras de Servicios Sociales de las diferentes comunidades autónomas para eliminar la desigualdad existente a la hora de exigir este derecho en los diferentes territorios.

(SERVIMEDIA)
02 Dic 2021
AGQ/clc