En dicha carta le recuerdan que “los perjuicios que ocasiona la ampliación a los pequeños comerciantes se suman a la penosa situación económica, que encuentra en este sector a una de sus víctimas más débiles”.

Añaden que “los vecinos pagan por un servicio que no sólo no les beneficia, sino que les perjudica, al disminuir las plazas disponibles para residentes”, lo que se verá agravado si aumenta el horario del servicio también en estos barrios.

Señalan también que “en los cascos históricos el servicio se presta de una manera irregular”, y “que este servicio, cuya utilidad no discutimos pueda tener en los barrios centrales de la ciudad, en la periferia es inútil y gravoso para las arcas municipales, lo que no se comprende en una situación de crisis presupuestaria como la actual”.

A la carta adjuntan un escrito en el que recuerdan el proceso seguido en estos 6 años, los datos que muestran el déficit de plazas disponibles para residentes (sólo un 60% de las tarjetas que cobra el Ayuntamiento), los datos que confirman el déficit que supone a las arcas municipales y la nulidad de las sanciones impuestas en estas zonas.

Terminan haciendo una propuesta de disminución de plazas reguladas para que el ayuntamiento reduzca en un 15% el coste del servicio, como ha realizado en otros más necesarios.