Lo hicieron a través de la responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial; del director general de Save the Children, Andrés Conde; y de la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Unicef España, Carmen Molina, quienes presentaron en un acto telemático las conclusiones del informe ‘Por una prestación por la crianza’.

Durante su intervención, Almudena Escorial incidió en la necesidad de activar una ayuda a la crianza universal a partir de deducciones fiscales reembolsables en el IRPF, es decir, de aquellas que benefician a todas las personas potencialmente beneficiarias, ya que, si el montante de la deducción es superior a la deuda tributaria, la diferencia se abona a las personas contribuyentes como una prestación neta.

Ante esta situación, detalló que la propuesta que estos colectivos plantean al Gobierno presenta cuatro posibles modelos: el primero, que sustituye el actual mínimo por descendientes entre 0 y 17 años por una deducción reembolsable que suponga el mismo ahorro fiscal para los declarantes, cuyo coste ronda los 3.700 millones de euros anuales; el segundo, que supone una nueva deducción reembolsable de cien euros mensuales por descendientes entre 0 y 17 años no sujeta a tributación, con un coste 11.600 millones al año; el tercero, que consiste en sustituir el actual mínimo por descendientes entre 0 y 17 años y establecer una deducción reembolsable de 100 euros mensuales por hijo menor de edad a cargo, con 5.600 millones anuales de coste; y el cuarto, que reemplaza el actual mínimo por descendientes entre 0 y 17 años, estableciendo una deducción reembolsable de 100 euros mensuales por hijo a cargo e introduciendo una prestación de 50 euros al mes para las familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV), con 6.200 millones al año de coste.

A su vez, Andrés Conde arguyó que la implantación de estas medidas permitiría a todos los deciles de renta experimentar un incremento de renta y un ahorro fiscal, siendo el impacto “significativamente mayor” en las familias más pobres.

También destacó que introducirían “un impulso de progresividad al sistema fiscal importantísimo en España, atacando allí donde la desigualdad comienza: en la infancia”.

Esto le sirvió para exponer que, teniendo en cuenta que actualmente el 27,5% de la población infantil española vive por debajo del umbral de la pobreza, todos los escenarios planteados en el informe reducen esta lacra: el escenario 1 llevaría este guarismo al 24%, el escenario 2 lo situaría en el 19,8%, el escenario 3 lo ubicaría en el 23,5% y el escenario 4 lo colocaría en el 23,5%.

Andrés Conde subrayó que la pobreza infantil “no es un fenómeno fruto de la fatalidad, inevitable e imposible de superar”, sino que es la consecuencia de tras factores: la precariedad y la temporalidad laboral, que afecta significativamente a personas jóvenes con hijos o en edad reproductiva, el acusado coste de la vivienda sobre la renta total en el coste de la vivienda en este segmento de la población; y la falta de desarrollo del sistema de apoyo a la crianza en España, a lo que se añade que su diseño beneficia únicamente a las familias de clase media y alta.

En ese sentido, contrapuso que la ayuda que proponen estas ONG de infancia “acerca el sistema de apoyo a la crianza a los estándares europeos”, “plantea ventajas técnicas y combate la desestigmatización”, supone una “inversión de futuro para la infancia y para el conjunto de la sociedad”, “introduce la equidad intergeneracional en la reforma fiscal”, “debe integrarse en la futura Ley de Diversidad Familiar y Apoyo a las Familias”, “da respuesta a recomendaciones de la UE y a compromisos adquiridos en el Plan de Recuperación”, ofrece “sinergias con otras políticas clave de infancia, como la Garantía Infantil”, tiene un “coste modulable y un formato adaptable a combinaciones de focalización y universalidad” y “logra un triple objetivo: aumenta el apoyo monetario a la crianza, introduce un mayor nivel de redistribución y reduce la pobreza infantil”.

Por su parte, Carmen Muñoz Molina afirmó que criar un hijo en España cuesta alrededor de 500 euros mensuales, lo que impide que muchas familias en situación de vulnerabilidad no puedan asegurar un nivel básico de bienestar a sus retoños.

También manifestó que en España hay 2,6 millones de menores en situación de pobreza y exclusión social, el 80% de los cuales seguirán en esa realidad cuando sean adultos.

Por ello, deploró que el país invierte en políticas de infancia y familia un 1,3% de su PIB, frente al 2,3% de la media de la UE.

A despecho de que la puesta en marcha del IMV, continuó Carmen Muñoz Molina, representa un “pequeño avance” en las políticas de lucha contra la pobreza infantil, avanzó que el desarrollo de una deducción fiscal reembolsable permitiría “avanzar en la construcción de un sistema de protección a la infancia a la medida de los países de nuestro entorno”.

Por último, confirmó que esta propuesta ha sido presentada al Gobierno, concretamente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, los cuales la han recibido positivamente.