La norma, que reforma la ley de cadena de 2013, incorpora como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas.
Entre las principales formaciones, el texto ha contado con el respaldo del PSOE y Unidas Podemos y el rechazo de PP y Vox, mientras que el resto de grupos mayoritarios han facilitado su aprobación con el apoyo o la abstención a las enmiendas incorporadas.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se declaró desde la tribuna “contento” por la aprobación de una ley que dijo que “supone un antes y un después”, porque era una "reivindicación” de hace años de todo el sector. A su juicio, contribuirá a dar respuesta a las movilizaciones que han convocado agricultores y ganaderos. Por todo ello, ha declarado que cree que “probablemente esta ley es la más importante de toda la legislatura” para el sector.
Desde Unidas Podemos, Isabel Franco afirmó que la ley supone “una defensa de precios justos en la cadena” y por eso la derecha no la ha apoyado, “porque defiende a los eslabones más fuertes de esa cadena, que ejercen prácticas abusivas” contra productores y ganaderos.
Por el PP, el diputado Joaquín García dijo que “lo que mal empieza, mal acaba”, y esta ley “no va a prohibir la venta a pérdidas”, el principal objetivo de la norma, porque van a seguir los problemas de costes elevados en la producción.
Desde Vox, Ricardo Chamorro sostuvo que la ley es “un fraude” que pone “trabas insoportables” que llevarán al sector a la “ruina”.