El documento de anteproyecto de la ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo puesto en audiencia pública y el de memoria económica establecían como límite en los costes de gestión “por debajo del 0,30%”, pero fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntaron que esta cifra puede ser mayor teniendo en cuenta otros gastos y situarse en el entorno del 0,4%.

El Gobierno destaca que el límite en las comisiones de gestión es “un reto” y se fundamenta en que, de una parte, actualmente los fondos de pensiones de empleo de más de 100 millones de euros sometidos a licitación (básicamente planes de empleo de empleados públicos) tienen “niveles base de costes de gestión inferiores a esta cifra” y los fondos de empleo de promoción pública “aspiran a tener cifras muy superiores a dicho patrimonio, del orden mínimo de 250 millones de euros”.

De otra parte, se ha realizado un estudio basado en las cuentas de resultados de las entidades gestoras de fondos de pensiones más significativas y se concluye que sus costes (incluyendo el coste imputado del capital regulatorio) son “muy inferiores al 0,30% de sus activos bajo gestión” y “podrían operar a largo plazo sin pérdidas en el entorno del 0,15%, por lo cual es esperable que las entidades gestoras adjudicatarias trabajen por debajo de ese límite aunque en el proceso de lanzamiento sus costes sean más elevados”, según la memoria.

En ese mismo documento se detalla que “el objetivo prospectivo de esta ley se sitúa en alcanzar la cobertura del 50% de la población activa ocupada en una década, para situarse en el entorno de naciones europeo”. En ese plazo se espera aumentar la tasa de ahorro para la jubilación “en 2,5% del PIB anual a final de la década”. El proceso de acumulación de aportaciones netas de prestaciones “podría conducir, en un escenario favorable, a pasar de un patrimonio actual del 3% del PIB en planes de empleo al 16% a final de la década, convergiendo con otros países de la eurozona”, según se recoge.

El anteproyecto crea un fondo de pensiones de empleo de promoción pública, gestionado por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación, con el objetivo de aumentar la población cubierta por estos planes.

Pretende también simplificar las categorías de planes de pensiones existentes. Podrán adscribirse a estos fondos los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y los planes de empleo simplificados de empresas incluidos en convenios colectivos sectoriales.

“Se prevé un régimen de transferencia a los planes de pensiones de empleo”, en la medida en que se cumplan determinados requisitos referidos a las personas partícipes, o, en su defecto, a los planes de pensiones individuales. En todo caso, se prevé la posibilidad de que los planes de pensiones asociados “mantengan su naturaleza si no optan por su incorporación a alguna de las otras dos categorías de planes de pensiones”.

Se simplifican los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones usando especialmente la digitalización para que las operaciones de alta de la empresa y del partícipe, aportación, información de rentabilidad y movimientos, petición de prestaciones y cobro sean online.

El Gobierno diseñará un nuevo incentivo fiscal para impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz, ampliando los límites de deducción por aportaciones en IRPF.

La promotora del fondo será la Comisión Promotora y de Seguimiento como órgano colegiado conformado por miembros de la Administración General del Estado y los recursos serán administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una Comisión de Control Especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública.

Los activos de los fondos de pensiones serán invertidos “en interés exclusivo de las personas partícipes y beneficiarias tomando en cuenta la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones”. Para garantizar la operatividad entre gestoras y depositarias se utilizará una plataforma digital común.