En la sesión de este martes, el tribunal comenzó a escuchar la declaración de los testigos comenzando por Peñas, la persona que denunció por primera vez la existencia de la red corrupta tras haber grabado horas de conversación con el cabecilla de la trama, Francisco Correa.

En su comparecencia ante el tribunal explicó que Correa tenía “relación directa” con Bosch desde que “viajaba en el avión Falcon con el entonces presidente del Gobierno para ir a los mítines de toda España", ilustrando así la relación cercana entre ambos.

El testigo confirmó una vez más que el Ayuntamiento de Boadilla aseguraba a Correa las adjudicaciones a determinadas empresas a cambio de comisiones que se repartían entre ellos y con las que se pagaban gastos electorales del PP.

Según indicó a preguntas de la fiscal, el alcalde Boadilla, Arturo González Panero ‘el Albondiguilla’, Alfonso Bosch y Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte realizaban las adjudicaciones siguiendo los protocolos pero sólo “para vestir el muñeco” y darles apariencia de legalidad.

Peñas retrató de nuevo el funcionamiento de la trama, tal y como ha venido haciendo en los años de investigación de la red corrupta y explicó con detalle como realizó las grabaciones, con un material rudimentario y "con mucho miedo” porque nunca había hecho algo parecido y “no son del CNI ni espía”.

El exconcejal lleva colaborando con la justicia desde 2007. Denunció el funcionamiento corrupto del PP en colaboración con ‘Gürtel’ aportando grabaciones que hizo de sus reuniones con Correa y que se extienden por espacio de más de 80 horas.

Explicó también que en 2006 tuvo la oportunidad de ver un vídeo con el que los responsables de la ‘Gürtel’ "tenían pillados" a González Panero, a Bosch y a Martín Morales que están reunidos alrededor una mesa llena de dinero que se estaban repartiendo en casa de Correa.

Hace un par de semanas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo informó favorablemente la concesión de un indulto parcial a José Luis Peñas, quien fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a cinco años y tres meses de prisión, cinco años y un mes de inhabilitación absoluta, siete años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multas.

El informe remitido al Ministerio de Justicia apoya que se conmuten las dos penas de inhabilitación absoluta a las que José Luis Peñas fue condenado por dos penas de inhabilitación especial, de idéntica duración que las conmutadas, para cargos públicos de libre designación o elección.