En declaraciones a Servimedia, Beltrán señaló que "disponer de una vivienda digna es un derecho humano", con lo que "no puede ser una cuestión que dependa de la voluntad de los bancos".

Por ello, calificó de "insuficientes" los códigos de buenas prácticas (sobre retraso en la ejecución del desalojo para familias en paro o la dación en pago) que quiere promover el ministro de Economía, y pidió "una reforma profunda de la legislación española".

"Los desalojos forzosos sin ofrecer una alternativa incumplen la normativa mínima" a nivel internacional, afirmó Beltrán, para quien "más allá de la economía, la actual crisis debe entenderse como una crisis de los derechos Humanos". Además, precisó que la pobreza implica, de hecho, dificultades de acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad o una vivienda digna.

A su juicio, "debemos aprender de la experiencia de América Latina en los 80, que con las privatizaciones retrocedió 20 años en derechos humanos, y no repetir los errores". Amnistía espera abordar esta y otras cuestiones a mediados de marzo, cuando presentará al Gobierno su agenda de legislatura para España.