“La declaración institucional de Cádiz no va a salir adelante. Tras el preacuerdo de los sindicatos y la empresa, se modificó levemente para adaptarlo a la actualidad. El PP ha reculado y finalmente no quiere apoyarla y Vox nunca contestó”, explicaron fuentes del grupo confederal.

Sin embargo, fuentes populares negaron esta versión a Servimedia. Es más, aseguraron que presentaron aportaciones al texto y Unidas Podemos se las aceptó todas, por lo cual el PP se iba a sumar a la declaración, pero que anoche el grupo confederal les comunicó que, una vez alcanzado el preacuerdo entre los sindicatos y la patronal, no tenía sentido presentarla.

Por su parte, fuentes de Unidas Podemos admitieron a esta agencia que el PP anoche dijo que sí, pero insistieron en que esta mañana se apeó del consenso. Además, presentaron como prueba de que mantenían el texto pese al preacuerdo la incorporación de la citada modificación añadida, que rezaba: “El Congreso de los Diputados desea que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo que sea beneficioso para la provincia de Cádiz, que permita reactivar la actividad productiva del sector industrial y garantice la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras”.

Desde el PP, por su parte, contestaron a Servimedia que esta adición no suponía objetivamente ningún impedimento para sumarse al texto, por lo que las versiones de ambas formaciones se demuestran opuestas y contradictorias entre sí. Vox no aclaró a esta agencia si es cierto que ni siquiera dieron respuesta a Unidas Podemos.

Antes de esta modificación por el preacuerdo, el texto reconocía “el derecho de huelga y los derechos concomitantes de manifestación y reunión –todos ellos recogidos en la Constitución Española– como herramientas plenamente legítimas y democráticas para avanzar en los derechos de las mayorías sociales y rechaza cualquier tipo de criminalización de estas prácticas”.

Finalmente, hacía “un llamamiento a todas las instituciones públicas a tomar medidas para garantizar y aumentar la producción industrial en la provincia de Cádiz, así como en todos aquellos territorios que sufren las consecuencias de la desindustrialización, para llevar a cabo una modernización de nuestra economía y garantizar empleo de calidad para decenas de miles de familias y como apuesta de futuro alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.