De acuerdo con el informe, un 11,2 por ciento presentan un riesgo medio y solo sería necesaria una mayor intervención por parte de la entidad en apenas un 0,8 por ciento de su cartera para mejorar el conocimiento del comportamiento ambiental de los clientes sometidos a mayor riesgo.

La entidad financiera considera como riesgo financiero de componente ambiental el grado de certeza que se tiene sobre posibles eventos futuros relacionados con la regulación ambiental que puedan tener efectos negativos significativos en la solvencia de una empresa cliente de la entidad, multiplicado por la severidad de dichos efectos.

Para la estimación de estos riesgos se ha valorado la mayor parte de la cartera de empresas, con la consideración de más de 50 variables de índole ambiental y 6 variables de componente social, dependiendo de la tipología de actividad, de su tamaño y del territorio (comunidad autónoma) en el que opera la empresa.

A partir del análisis realizado, la entidad financiera establecerá mecanismos para incrementar el grado de conocimiento sobre el comportamiento ambiental de aquellos clientes que podrían ver afectada su actividad económica como consecuencia de la regulación vigente.