La comisión aprobó el dictamen de esta reforma con los votos favorables del PSOE, CiU, y CC, los votos en contra de IU-ICV y ERC y la abstención del PNV. Este texo pasa así al pleno del Congreso de los Diputados del próximo jueves, que lo debatirá nuevamente.

Durante el debate, el diputado del PSOE Óscar Seco subrayó que el texto incorpora 300 enmiendas de las 500 presentadas por los distintos grupos parlamentarios, lo que supone más del 40% .

Seco también subrayó que esta reforma "mejora la garantía de los extranjeros" en su internamiento en los CIE, a los que podrán acceder las ONG para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de estas personas.

El parlamentario socialista indicó que esta moficiación de la norma de extranjería "incorpora las sentencias del Tribunal Constitucional", que reconocen los derechos de asociación, sindicación, huelga y manifestación a los inmigrantes irregulares.

El texto mantiene la ampliación de 40 a 60 días el internamiento de los inmigrantes, pero el recuento de día quedará paralizado en el momento que se presente una solicitud de asilo. Precisamente, éste es uno de los puntos principales por lo que han expresado su rechazo a la futura Ley de Extranjería IU-ICV y ERC.

La reforma recoge prácticamente la totalidad de las enmiendas presentadas por CiU que blinda las competencias en materia de inmigración de la Generalitat catalana y de la Junta de Andalucía. Además los hijos y cónyuges reagrupados por los inmigrantes puedan obtener el permiso de trabajo y residencia con una oferta de empleo, "sin estar sujeto a las necesidades del Sistema Nacional de Empleo".

El texto mantiene que los ascendientes mayores de 65 años no podrán ser reagrupados y los que sean menores de 65 años, "por tanto en edad laboral, sólo podrán reagruparse por razones humanitarias".

Asimismo, la reforma incluye las enmiendas de CC para la corresponsabilidad del Gobierno central con el de Canarias en la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados y permite a las comunidades autónomas firmar acuerdos con países de los que proceden los inmigrantes para la formación y el empleo.

Por su parte, el diputado de PP Rafael Hernando expresó su "desolación" por no llegarse a un consenso en esta reforma y anunció que su partido estudiará presentar un recurso de inconstitucionalidad al artículo que permite a las comunidades autónomas llegar a acuerdos con terceros países para crear centros de atención a menores desamparados, una cuestión, según dijo, para la que sólo tiene competencia el Estado.

Tras la comisión, la diputada del PSOE Esperança Esteve se preguntó qué país de Europa da tantas garantías jurídicas y sociales a los inmigrantes irregulares retenidos en centros de internamiento y defendió lo garantista de esta reforma.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría dijo que votará a favor de esta ley en el Pleno del Congreso del próximo jueves si introduce tres modificaciones: que los menores extranjeros no acompañados sean distribuidos por las comunidades autónomas según la población de éstas, que las extranjeras que denuncian violencia de género tengan un permiso de residencia aunque judicialmente no queden probados los malos tratos y que las solicitudes de residencia por arraigo siempre sean admitidas a trámite.