Los dos grupos acordaron un texto común a partir de la enmienda que el PP presentó a la proposición no de ley en la que el PNV reclamaba un nuevo Plan de Derechos Humanos para continuar el impulsado dado en la anterior legislatura por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, reconoció que la iniciativa finalmente aprobada es menos concreta que la original, pero el objetivo último era obtener el respaldo del Gobierno en el cumplimiento del compromiso adquirido por España en la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993.

La proposición original instaba al Gobierno a presentar antes del 30 de junio un nuevo Plan de Derechos Humanos con objetivos, plazos, indicadores específicos y partidas presupuestarias, que estuviera en vigor antes de octubre.

El texto final simplemente emplaza al Gobierno a hacer una evaluación completa sobre el cumplimiento del plan anterior “implementando a continuación una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los derechos humanos”.

Incluye, además, una reflexión sobre la Constitución como “instrumento jurídico fundamental” en el objetivo de que las actuaciones de todas las instituciones del Estado “estén sujetas al más escrupuloso respeto a los derechos humanos”.

Aunque se elimina el plazo, Esteban alertó de que los propios grupos parlamentarios serán “guardianes” del compromiso adquirido por el Gobierno y estableció en el entorno de un año el plazo “posible” para su plasmación.

El portavoz del PP, Ignacio Gil Lázaro, subrayó la importancia de colocar la Constitución como referente fundamental, y esa reflexión suscitó la inquietud del socialista Ramón Jáuregui, convencido de que, efectivamente, la Carta Magna “lo dice todo” pero se trata de concretar medidas que desarrollen esos objetivos impregnando todas las políticas del Gobierno, como se hizo en la anterior legislatura.

Jáuregui aseguró que su grupo respalda la iniciativa y la enmienda del PP, pero con la duda de si sus dirigentes están realmente “convencidos de lo que hay que hacer” para proteger de forma efectiva y concreta los derechos humanos.

En ese sentido, el portavoz de CiU, Jordi Xuclà, expresó su respaldo interpretando que la redacción de la iniciativa equivale en la práctica a la aprobación de un nuevo plan con medidas concretas que recojan los valores compartidos por todos los demócratas.

En nombre de Amaiur, Iker Urbina pidió que el plan incluya a “las personas privadas de libertad en prisión o en régimen de detención”, y reclamó para las primeras el derecho a cumplir condena en centros cercanos a su lugar de origen, y a las segundas tener garantizado su derecho a la integridad física y a no recibir “trato inhumano”.

Urbina subrayó los datos de organizaciones en defensa de los derechos humanos según las cuales unas 10.000 personas han denunciado en los últimos 40 años torturas o malos tratos en prisión.

Irene Lozano, de UPyD, lamentó la incorporación de la enmienda del PP por entender que era “mejor” la iniciativa original del PNV, y reprochó a Amaiur que defienda “antes los derechos humanos de los terroristas que los de sus víctimas”.

En nombre de IU-ICV-Cha Izquierda Plural, Joan Josep Nuet lamentó también que la “buena” propuesta del PNV quedara “adulterada” por la “mala” enmienda del PP.