Fuentes fiscales aseguran que el ministerio público no quiere dar por finalizada su investigación sin disponer antes de la documentación suiza, así que en caso necesario los fiscales del TS tendrán que pedir una ampliación de plazos que deberá autorizar la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

La solicitud de prórroga sería por un período de seis meses, aunque los fiscales al cargo no contemplen agotar ese plazo. La investigación comandada por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, necesita de esa documentación relativa a las actividades de emérito en 2015 y 2016, cuando ya había abdicado y no estaba protegido por el principio de inviolabilidad con el que le protege la Constitución. El ministerio público quiere cerrar el caso con todas las garantías y por eso prefiere adjuntar la documentación de ese país.

La solicitud tiene que ir avalada por Campos y por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, además de contar con la firma de Delgado. El informe que está prácticamente ultimado justifica que las pesquisas no terminen en querella dada la inviolabilidad de Juan Carlos I hasta junio de 2014, fecha de su abdicación, la falta de pruebas concluyentes de delito en los años posteriores y la presentación por el emérito de dos regularizaciones fiscales por valor de más de cinco millones de euros, que para ser válidas deben ser voluntarias y completas.

El Tribunal Supremo investiga tres asuntos relacionados con el rey emérito: el relativo al presunto cobro de comisiones por la adjudicación a un grupo empresarial español de la construcción del llamado ‘AVE a La Meca’, el que tiene que ver con el uso de tarjetas opacas por Juan Carlos y miembros de su familia entre 2016 y 2018, y la existencia de un entramado financiero en la isla de Jersey para, supuestamente, evadir impuestos.

La Fiscalía esta anonimizando su escrito para que no aparezcan los nombres de terceros que pudieran verse perjudicados por su publicación. La intención del ministerio público es comunicar al abogado del emérito, Javier Sánchez Junco, su decisión y, a continuación, hacerla pública.