Este colectivo consideró que, si esta enmienda presupuestaria se concretase, “se simplificarían los procedimientos y se aliviaría la carga burocrática que en algunos casos retrasa durante semanas la concesión y el pago de estas ayudas”.

La asociación recordó que los ayuntamientos pueden llegar a tardar hasta dos meses en conceder y abonar estas ayudas, “imprescindibles para necesidades tan básicas como comer, vestirse o pagar el alquiler”.

En concreto, la enmienda en cuestión sugiere una “pequeña modificación” de la Ley General de Subvenciones, en su artículo 2º, que incluya estas ayudas en el listado de prestaciones que no tienen carácter de subvención.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales expuso que, con datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se concedieron un total de 891.140 ayudas de este tipo en 2020, cuya cuantía media por cada una de ellas fue de 184 euros y la total de 160 millones de euros.

A juicio de esta entidad, estos datos palidecen ante las cifras oficiales de pobreza en España, según las cuales 3,3 millones de personas sufren carencias materiales graves, 12,4 millones se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, 4,6 millones residen en hogares sin empleo o con baja intensidad laboral y 9,9 millones viven en riesgo de pobreza.

Ante esta situación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente los ayuntamientos, son los recursos que tiene estas familias para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, los “requisitos sin sentido” para acceder al IMV y los “procedimientos burocráticos y la rigidez de la intervención municipal” de las ayudas de las entidades locales hacen que la percepción de estas prestaciones se dilate en el tiempo.

Esto tiene lugar, a juicio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, por la “estricta interpretación” de la norma que considera estas ayudas como subvenciones. Es, por ello, por lo que reclama “modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa”.

De este modo, en 2022 “se podría ahorrar el sufrimiento de cientos de miles de familias en situaciones de extrema necesidad y también agilizar el funcionamiento de los servicios públicos”.