Según informó la Policía, las investigaciones por parte de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal (Ucrif) de Valencia se iniciaron tras detectar que se estaban produciendo numerosos casos de ciudadanos extranjeros, en situación irregular en España, que presentaban para conseguir residir legalmente, entre otra documentación, certificados de empadronamientos que resultaban sospechosos para los policías.

Las pesquisas de los agentes han permitido averiguar que las viviendas donde figuraban dichos empadronamientos eran propiedad de la misma persona, un vecino de Xirivella. Este, al parecer, cobraba una media de 600 euros a ciudadanos extranjeros en situación irregular a cambio de mantenerlos empadronados en sus pisos durante tres años, tiempo necesario para solicitar una autorización de residencia por arraigo. Por todo ello, los investigadores han propuesto al infractor para sanción a la Subdelegación del Gobierno, enfrentándose a una multa cuya cuantía podría ascender a los 100.000 euros.

La Policía lamenta que, como los ciudadanos extranjeros que se encuentran en esta situación, en su mayoría, desconocen el idioma, no tienen trabajo ni recursos económicos y necesitan obtener una autorización de residencia lo más rápido posible, algunos propietarios de pisos o titulares de contratos de alquiler se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad e intentan obtener un beneficio económico empadronándoles en sus domicilios, donde nunca llegan a residir realmente.

Además, recuerda que consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, supone una infracción muy grave a la Ley de Extranjería, cuya sanción es una multa que puede ir desde 10.001 hasta 100.000 euros.