Así se pronunció esta mañana en el Tribunal Supremo el letrado Joaquín Ruiz, que ejerce la acusación en nombre del sindicato de funcionario Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

Este abogado presentó sus conclusiones del juicio y mantuvo su petición de 20 años de inhabilitación para Garzón por un delito de prevaricación. Según la acusación, el magistrado cometió este delito al investigar, sin competencia para ello, las desapariciones forzosas ocurridas en la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo.

A juicio de este letrado, Garzón concibió un “plan preconcebido” para vulnerar la legalidad, puesto que no tenía competencia para investigar estos hechos. Ruiz argumentó que estas desapariciones no podían ser investigadas porque existía una Ley de Amnistía, a lo que se suma que se pretendía enjuiciar delitos prescritos y perseguir retroactivamente el genocidio.

En este sentido, la acusación insistió en que el criterio de Garzón para investigar las desapariciones durante el franquismo se contradice con la tesis sustentada por este mismo juez para no perseguir los crímenes de Paracuellos (Madrid), cometidos por el bando republicano durante 1936.

A este respecto, el abogado cuestionó que Garzón mantenga que podía investigar las desapariciones del franquismo porque se seguía desconociendo el paradero de los represaliados. Según el letrado, el criterio del juez podría llevar a investigar los fusilamientos del 3 de mayo de 1808, con los que las tropas francesas reprimieron el levantamiento de los madrileños.

La acusación popular concluyó que el juez abrió una “causa general” para “enjuiciar una época”, en referencia al franquismo. Según este abogado, Garzón actuó guiado por “motivos ideológicos”.