Los jueces argumentan en el auto que es “una evidencia científica” que la transmisión de la Covid-19 entre los vacunados es “mucho menor a la de los no vacunados”, por lo que rechazan que la exhibición del certificado de vacunación, recuperación o prueba negativa constituya “un sacrificio desproporcionado” para los visitantes o acompañantes de los enfermos.

Los magistrados consideran “justificado”, debido a la situación epidemiológica actual de la comunidad, adoptar “medidas que permitan conciliar la posibilidad de que el paciente reciba visitas y esté acompañado con la necesidad de evitar contagios”.

La Sala destaca en el auto que la medida tiene como objetivo controlar el acceso de personas a espacios cerrados de los hospitales en los que se pueden agrupar “factores que aumentan el riesgo de transmisión del virus”, pues en ellos “se establecen contactos próximos y prolongados entre los pacientes y sus acompañantes y las visitas, en ocasiones en habitaciones compartidas con otras personas ingresadas, incluso con la posibilidad de pernocta”.

Además, indica que en esas dependencias se realizan actividades en las que es necesaria la retirada de la mascarilla o existe dificultad para su uso correcto, al tiempo que subraya que la Xunta trata de “garantizar la seguridad sanitaria” y de “disminuir el riesgo de contagio en este tipo de establecimientos”.

El Tribunal también recalca que la orden limita la exhibición de la documentación a los centros donde los pacientes están hospitalizados, pues “excluye expresamente otros espacios como consultas hospitalarias o servicios de urgencias, ya que en ellos no se produce una estancia prolongada, con el consiguiente riesgo de transmisión del virus”.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal señala que la “reducción significativa de los contagios” que persigue la orden de la Xunta “alcanza mayor significado cuando se trata de proteger tanto a los pacientes hospitalizados, que presentan una especial vulnerabilidad, como al personal que presta el servicio de asistencia sanitaria y que desarrolla su trabajo en el interior de los hospitales”.

Para autorizar la medida, el Tribunal también ha tenido en cuenta que la Consejería de Sanidad ofrece una alternativa a las personas que no estén vacunadas, pues se les permitirá el acceso si aceptan voluntariamente someterse a una prueba diagnóstica realizada en el hospital. Contra la resolución del alto tribunal gallego cabe interponer recurso.