Lo hizo a través de un comunicado en el que explicó que el Ramón y Cajal era el “centro de refugio para que desde las ONG se pudiera atender a estas personas”, si bien lamentó que, “con los nuevos requisitos” planteados por la Comunidad, “esto parece que va a dejar de ser posible”.

Ante esta situación, el secretario general de Cesida, Ramón Espacio, consideró “increíble que en un contexto de crisis sanitaria global desde la Comunidad de Madrid se empecinen en poner trabas administrativas para atender a problemas de salud pública”.

Por su parte, la presidenta de este colectivo, Reyes Velayos, recordó que el pasado 8 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, cuya tramitación parlamentaria comenzará próximamente.

Por ello, reclamó al Gobierno y a los grupos parlamentarios que el texto definitivo de esta norma “blinde el derecho a la salud” con el fin de proporcionar “la seguridad jurídica necesaria para impedir interpretaciones restrictivas por parte de las comunidades autónomas”.