Los magistrados toman esta decisión tras “no advertir la especial urgencia que exige el artículo 135 de la Ley jurisdiccional, presupuesto esencial habilitante (para adoptar la medida), sobre el que el recurrente tampoco hace (en su escrito) una específica y fundada consideración, al limitarse a hacer una genérica referencia a que el próximo 1 de enero de 2022 ya empiezan las restricciones contempladas en la ordenanza”.

Los jueces entienden, por tanto, que no hay especial urgencia para adoptar una medida cautelarísima (en la que no se escucha a las partes), al haber por delante tiempo suficiente para sustanciar “una pieza separada de medidas cautelares en la que se dé audiencia a la administración”, a la que se emplaza para que se pronuncie en el plazo de los próximos diez días.

Vox presentó esta semana un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible. El secretario general del partido, Javier Ortega Smith, defendió la decisión de su partido por "razones políticas, sociales y éticas".

Ortega Smith acusó al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de haber "engañado" "mentido" y "traicionado" a los madrileños por prometer durante la campaña electoral que acabaría con el proyecto de la anterior alcaldesa de Podemos y después imponer otro similar con, incluso, mayores restricciones para los vehículos.