La Convención de los Derechos del Niño es el acuerdo de derechos humanos más ratificado de la historia, con 195 Estados firmantes entre los que se encuentra España. Cada día millones de niños y niñas viven en una situación de pobreza, sufren violencia o sus derechos son vulnerados sistemáticamente.

Save the Children señaló que más de 742.000 niños y niñas menores de 18 años en España sufren carencia material severa, lo que implica que forman parte de familias que no pueden permitirse comer carne, pescado o equivalentes cada dos días. Tampoco mantener la vivienda a temperatura adecuada o atender al pago del alquiler o la hipoteca, lo que condiciona gravemente su bienestar.

La organización indicó que, aunque en este último año se han producido avances importantes en la lucha contra la pobreza infantil y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha erigido como un instrumento para aliviar las situaciones de pobreza severa, su despliegue está siendo demasiado lento para paliar las necesidades de un número importante de hogares, especialmente tras los estragos de la pandemia.

En 2020, España registró 37.778 denuncias por actos violentos contra niños y niñas, de ellas 5.851 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 5.685 denuncias por violencia sexual, según los últimos datos del Ministerio del Interior. En lo que respecta a la violencia que se ejerce por Internet y a través de las nuevas tecnologías, en 2020 se denunciaron 3.430 casos de delitos a través de la red que tenían como víctima a un niño o una niña.

Asimismo, en lo que va de año, al menos 11 niños y niñas han muerto en España por causas violentas, reconocidas como víctimas de violencia vicaria.

España es el segundo país de la Unión Europea con peores cifras de abandono escolar prematuro, solo por detrás de Malta. Es por ello que la entidad alertó de la educación infantil de primer ciclo ha sido una de las grandes perjudicada por la pandemia, a pesar de ser una etapa educativa clave para acabar con la desigualdad.

También destacó que el respeto a los derechos de la infancia migrante y refugiada es otro de los grandes retos de España. La reciente aprobación de la reforma del Reglamento de Extranjería ha permitido avanzar en el pleno acceso a los derechos de los niños y niñas que han llegado no acompañados al país.