Según señaló UGT en un comunicado difundido este viernes, entre dichas medidas incluidas en la Proposición No de Ley, se encuentra la elaboración del Plan Director para la Eliminación del Amianto en la Comunidad de Madrid aprobado por la Asamblea de Madrid en 2020; y la realización de un inventario de los centros educativos afectados por amianto. Además, se propone desarrollar un Plan de Desamiantado para proceder a la retirada segura del amianto de las instalaciones escolares.

También se propone incluir, dentro de la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia de la Comunidad de Madrid, las obras y reformas correspondientes a la retirada del amianto.

El sindicato recordó que en 2002 se prohibió la utilización del amianto y de los productos que lo contienen, pero no se eliminaron los ya instalados o en servicio, “por lo que el amianto sigue siendo hoy día un problema de salud pública, medioambiental y laboral”.

Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (CESE) señalan que la cifra de víctimas anuales en Europa ronda las 88.000 personas, lo que representa entre el 55-85% de los cánceres de pulmón en el trabajo, estableciendo como objetivo prioritario de la UE la eliminación de todo el amianto a través de planes de acción de los estados miembros antes de 2028.

UGT denuncia que en la Comunidad de Madrid todavía no existen estudios ni registros que determinen la situación del amianto instalado, ni del vertido ilegalmente en el medio ambiente en escombreras, ni existe una normativa de carácter regional que ampare posibles actuaciones de los municipios de la región.

“Es por esto que la Comunidad de Madrid tiene que actuar de forma urgente y destinar los recursos necesarios para la eliminación del amianto en los centros educativos, velando así por la salud de los niños y niñas de nuestra región”, afirman los portavoces de los tres grupos parlamentarios proponentes.