Santiago realizó estas declaraciones durante el 21 Congreso Nacional de la Confederación Salud Mental España, celebrado hoy en Madrid bajo el lema ‘Salud Mental en un Mundo Desigual’, donde afirmó que el Ejecutivo trabaja para mejorar la atención a la salud mental en una doble dirección.

En primer lugar, “es deber de los poderes públicos garantizar el acceso universal de la población“ a estos servicios, y subrayó la futura aprobación de la proposición de ley general de salud mental impulsada por Unidas Podemos, que calificó de “una muy buena noticia”.

Santiago se felicitó de que la norma, que “está ya en tramitación parlamentaria, cuenta con un muy amplio respaldo”, y detalló que su propósito es “ordenar todos los recursos del Sistema Nacional de Salud y asegurar una inversión suficiente para garantizar el acceso a los servicios públicos de calidad en la salud mental”.

Por otro lado, el secretario de estado defendió que es deber de la Administración “remover todos aquellos condicionantes que contribuyen al deterioro de la salud mental“ a nivel general, “como pueden ser la pobreza, la desigualdad, la precariedad laboral, el desempleo o la discriminación”.

Este es el propósito de la Agenda de Desarrollo Sostenible que impulsa el Ministerio de Derechos Sociales, apuntó, “desde el que vamos a impulsar acciones para abordar este tema desde una perspectiva de derechos humanos”.

Para ello, se partirá de considerar los problemas de salud mental “como una discapacidad psicosocial”, señaló, “máxima que orientará el primer Plan de Prevención de Deficiencias e Intensificación de Discapacidades y la futura Estrategia Nacional de Salud Mental, en la que prácticas como las contenciones mecánicas y los internamientos y medicaciones forzosas no tienen cabida”. “Porque No podemos dejar que un diagnóstico colonice a toda la persona”, declaró.

Asimismo, Santiago se refirió a la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, que busca impulsar la transición desde el modelo residencial a la vida en comunidad “para que las personas elijan dónde desean vivir“, y por ofrecer recursos públicos de calidad y cercanía. Aludió finalmente a la futura Ley de Diversidad Familiar, que prevé una atención especial a aquellas familias con hijos con grandes necesidades a cargo y que, a su juicio, beneficiará al conjunto de la sociedad, “pero de manera muy especial a las mujeres, sobre las que tradicionalmente ha recaído el cuidado de estas personas”.

DESIGUALDADES

En la inauguración del Congreso participó también el presidente de la Confederación Salud Mental España, Ned González Zapico, quien destacó el impacto de las distintas situaciones vitales en la salud mental de las personas.

“No podemos saber hasta qué punto influye“ cada circunstancia, admitió, pero “sí es cierto que el lugar de nacimiento, la raza, los recursos, el sexo o la discapacidad” afectan a la salud mental de la población.

“No es lo mismo la situación de un hombre blanco con una buena posición económica que la de una mujer racializada y sin recursos”, insistió, y destacó cómo esta última “se verá afectada por distintas discriminaciones a lo largo de su vida, que sin duda determinarán su estado de salud”, física y mental. Según González, la influencia de estos factores es “interseccional, y de ahí la dificultad de intervenir”.

Con todo, reconoció los recientes avances en este sentido, tales como la tramitación del proyecto de Ley de Salud Mental y la futura puesta en marcha del teléfono contra el suicidio, aunque insistió en que todavía queda mucho por hacer.

Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, destacó “el momento clave que vivimos en la actualidad “ respecto a la salud mental. “Es verdad que ha empeorado durante la pandemia, pero también es cierto que ahora se habla más que nunca”, subrayó. Además, “tenemos un Gobierno y, sobre todo, personas responsables del tema, desde el presidente a la ministra, que de verdad creen en la necesidad de atajar estos problemas”, afirmó.

A su juicio, “por primera vez, el Ministerio nos ha escuchado a la primera”, con lo que animó a las asociaciones del sector a aprovechar esta oportunidad y a trabajar de forma activa en el asesoramiento a las administraciones y en la gestión de los recursos que han de llegar. “No podemos permitir que la especulación entre en este sector“, declaró.

Martínez Donoso puso el ejemplo de la Fundación ONCE como primer generador de empleo de personas con discapacidad, y subrayó que, “con los apoyos necesarios, ya sean viviendas tuteladas, servicios de atención integral o acceso a los tratamientos adecuados, las personas con problemas de salud mental son capaces de llegar donde se propongan”.

La ponencia inaugural corrió a cargo del psicólogo clínico José Leal, coordinador de la Comisión de Ética y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, quien defendió el proyecto de Ley de Salud Mental frente a quienes la consideran “antipsiquiátrica”.

Según Leal, “toda la evidencia científica demuestra el impacto de los condicionamientos sociales en la salud, ya sea física o mental". En su opinión, “son los colectivos considerados improductivos los que tradicionalmente se han visto privados de derechos”, por lo que abogó por “una transformación a largo plazo de nuestro sistema de producción”, para generar una sociedad centrada en los cuidados y en el bienestar personal.