Así lo indicó durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados para informar por primera vez desde que asumió la cartera de Función Pública sobre las líneas generales de su política de actuación en este ámbito.

Montero se refirió a la cuestión del teletrabajo al destacar la “apuesta” de su departamento por la flexibilidad y la conciliación en la Administración y señalar que el real decreto que regulará el teletrabajo en la Administración estará listo para implantarlo a partir de enero de 2022, con el objetivo de que sea compatible la garantía de prestación de los servicios a la ciudadanía con una mayor flexibilidad laboral, con la conciliación y la apuesta por el territorio interior.

Por otro lado, la ministra, que resaltó el papel del sector público, aseguró que en el Gobierno de coalición “vamos a acabar con la excesiva temporalidad en el sector público aprobando las ofertas de empleo público (OEP) de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022”.

En este sentido, recordó que el objetivo del Gobierno es reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en el conjunto de las administraciones, y que esta es una exigencia que sólo cumple la Administración General del Estado (7,04%), frente a las cifras más elevadas de otras administraciones territoriales, que elevan la media estatal hasta el 30%, una temporalidad que está por encima de la del sector privado (23,6%).

“No es de recibo que quien ejerce un trabajo estructural en la Administración lo haga como temporal”, criticó Montero, que recordó que actualmente está en tramitación en la Cámara Baja por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley que desarrollará el real decreto ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público aprobado en Consejo de Ministros el 6 de julio.

A este respecto, la ministra consideró “razonable” el reciente acuerdo alcanzado por varias formaciones políticas en la Comisión que está tramitando dicho proyecto de ley para que, entre otras cuestiones, aquellos trabajadores interinos de la administración que lleven al menos cinco años ocupando una plaza puedan acceder a una plaza fija por concurso y sin hacer oposición, al considerar que “va en línea con las disposiciones judiciales”.

Asimismo, Montero hizo responsables de las altas tasas de temporalidad existentes en la Administración a la crisis económica de 2008 y a las políticas de austeridad de los Gobiernos de la derecha, denunciando que éstos suprimieron las ofertas de empleo público y no cubrieron las plazas que quedaban vacantes.

Sobre este punto, la titular de Hacienda y Función Pública recordó que la tasa de reposición entre 2012 y 2015 fue del 0%, salvo para los sectores prioritarios, en los que alcanzó el 10%. Por el contrario, destacó, en los Presupuestos de 2021 se elevó la tasa de reposición general hasta el 100%, para situarse en el 110% y en el 115% en determinados sectores y circunstancias, mientras que el proyecto de Presupuestos de 2022 actualmente en tramitación parlamentaria incluye una tasa de reposición del 110% como tasa general, del 120% para sectores prioritarios (sanidad, educación o ciencia) y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Así, Montero aseguró que en los tres años de Gobierno de Pedro Sánchez, la oferta de empleo público ha ascendido a las 109.718 plazas, cantidad un 73% superior a la registrada entre 2012 y 2017, y resaltó que el Real Decreto de interinos llevará a una eliminación de facto de la tasa de reposición, al considerar que la obligatoriedad de convocar las plazas antes de que transcurran tres años desde su ocupación temporal implicará que la tasa de reposición se tendrá que adaptar al volumen de plazas y a las ofertas de empleo público y no al revés.

Por otro lado, la ministra también apuntó la necesidad de afrontar el reto de la elevada edad media de las plantillas, advirtiendo que el 66% de los empleados de la Administración General del Estado tienen más de 50 años, lo que supone que entre 2021 y 2023, casi el 57% de la plantilla estará jubilada. Por ello, indicó que “tenemos que conseguir que trabajar para la Administración Pública sea una opción atractiva para las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral”.

La titular de Hacienda y Función Pública también señaló que el cumplimiento de los objetivos relativos a la Administración tomará forma con la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de la Administración General del Estado a lo largo del año 2022, para completar el marco normativo del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (EBEP).