En un comunicado, la federación aseguró que este cambio de la ley de plazos, para volver a la de supuestos, implicará "trasformar un tema sanitario en un problema penal, que pone en riesgo de cárcel a las mujeres que hagan uso de un derecho que actualmente disfrutan, como es el interrumpir su embarazo, si así lo deciden libremente, dentro de un plazo determinado".

Defensa de la Sanidad Pública agrega que volver a una ley de supuestos significa la necesidad de justificar la interrupción voluntaria del embarazo sobre determinados riesgos para la salud de la mujer.

Según la federación, el cambio legislativo "pretende satisfacer la presión de determinado sector de la iglesia católica a costa del derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo", lo que supone "una interferencia inadmisible de la ideología en la sanidad pública".