Este recurso fue explicado en rueda de prensa por la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio; el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith; y la vicesecretaria Jurídica Nacional de esta fuerza política, Marta Castro.

Estos dirigentes indicaron que han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el acuerdo del Pleno del Consistorio por el que se modificaba la ordenanza de movilidad de Carmena para sustituirla por la de Almeida.

En esta iniciativa legal se solicita la suspensión cautelarísima de Madrid 360, puesto que Vox considera que su puesta en funcionamiento afectará a quienes residan en Madrid y a quienes quieran acceder a la ciudad desde cualquier punto de la región y de España.

“PACTADO CON COMUNISTAS”

Castro explicó que Madrid 360 también afectará a un derecho fundamental como es la libertad de movimiento. Añadió que Vox pretende evitar las consecuencias que produciría la ejecución de una ordenanza.

Sostuvo que la nueva regulación sobre movilidad “no hubiera debido incorporarse como norma" al “no cumplir con los requisitos legales requeridos”. Se argumenta que aplicar la nueva regulación "podría causar perjuicios de imposible o difícil reparación".

Además, Vox se refiere en su recurso a que la aprobación de Madrid 360 se hizo gracias a que el Ayuntamiento aceptó que cuatro concejales de Más Madrid se integrasen en el Grupo Mixto en lugar de pasar a ser ediles no adscritos. Para el partido recurrente, esta decisión se basó en un informe del secretario del Consistorio que contradecía a los servicios Jurídicos de la Asamblea.

Al mismo tiempo, en la rueda de prensa Ortega Smith afirmó que “el engaño de Almeida, la ilegalidad de la Ordenanza y la injusticia social que genera nos obligan a recurrir Madrid 360”. Por su parte, Monasterio criticó que el alcalde haya “pactado con comunistas” una norma que va a impedir a más de 300.000 ciudadanos acceder al interior de la M-30.