En concreto, eta nueva norma deroga el decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que permanecía vigente respecto del estudiantado, “en clara contradicción con los principios democráticos de nuestra sociedad actual”, según detalló el Ministerio, que considera la actual normativa como “anacrónica”.

La nueva ley, según detalló el departamento que dirige Manuel Castells en un comunicado, "se adapta al ordenamiento constitucional vigente y sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las Comunidades Autónomas y las propias universidades".

Con esta nueva ley, todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.

Además, las universidades deberán crear una comisión de convivencia, que tendrá que ser paritaria y estará constituida por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios.

Asimismo, se define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado que se podrán sustituir en ocasiones por otras de carácter educativo o recuperador.

Además, el ministerio recordó que esta ley “instaura un nuevo marco para la convivencia universitaria, en consonancia con los principios democráticos, y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellas la de manifestación, reunión, asociación y huelga, del conjunto de estamentos de la comunidad universitaria”.