A su vez, una representación de estos muchachos ha formado parte del proceso participativo ‘Nuestra voz, nuestros derechos’ presentarán sus conclusiones y propuestas este viernes en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

“A veces no nos escuchan o no nos creen, lo que provoca desconfianza a la hora de contarlo o denunciar” o “estad atentos si gritamos, si no hablamos, si estamos solos en el recreo, si no vamos al colegio muy a menudo”, son algunos de los mensajes de estos niños y niñas sobre la violencia ejercida contra la infancia y adolescencia, una situación ante la que proponen hablar con ellos sobre esta cuestión, escucharlos y apoyarles, introducir formación en valores, resolución de conflictos y comunicación no violenta en los centros educativos y en las familias y dar formación en temas de prevención, detección y protección de la violencia de los profesionales que trabajan con la infancia.

Según datos del Ministerio del Interior, el año pasado se presentaron un total de 35.778 denuncias que tenían como víctimas a una niña, niño o adolescente. De ellas, 5.685 lo fueron por delitos contra la libertad sexual, la mayoría perpetrados contra niñas, que siguen representando el 50% del total; y 5.851 lo fueron por violencia en el ámbito familiar, siendo las más afectadas las adolescentes entre 14 y 17 años.

“Estas cifras, son sólo una pequeña parte de la realidad, ya que la violencia suele permanecer oculta y se han de superar muchos obstáculos para que llegue a denunciarse”, indicó el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

Los chavales que han participado en el informe de la Plataforma de Infancia son conscientes de las desigualdades que existen entre ellos, como lo ponen de manifiesto testimonios como el siguiente: “no todos tenemos las mismas oportunidades socioeconómicas, ya sea por el lugar donde vivimos o el nivel económico de la familia que nos impide tener las necesidades básicas escolares cubiertas”.

Por ello, proponen aumentar el número de becas para estudiar, el préstamo de materiales escolares y el acceso a conexión de Internet gratuita para las familias que no puede, así como que los profesores estén mejor formados en el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de metodologías educativas más participativas que fomenten la motivación del alumnado.

Los chicos y chicas tienen presente que no todos ellos son iguales, por lo que reclaman revisar las leyes para asegurar que son igualitarias e integradoras para los colectivos vulnerables, reducir el precio de los bienes de primera necesidad o incluir especialistas sobre discapacidad en los centros educativos.

Todo ellos reconocen que tienen derecho a una vida saludable. Sin embargo, “es difícil mantener una dieta equilibrada si no hay dinero para comprar”, mientras que confiesan que la pandemia “les ha afectado mucho a nivel físico, mental y emocional”.

Ante esta situación, proponen aumentar las ayudas a las familias más vulnerables, asegurar el acceso a la electricidad, la calefacción, el agua caliente, limitar y regular el acceso de menores de edad a la comida no saludable y más médicos y psicólogos para atender sus necesidades.

Por último, consideran un aspecto a tener en cuenta su derecho a la participación infantil, para lo cual plantean una mayor difusión e información sobre los foros donde puedan hacer oír su voz ante aquellas sobre las que quieren pronunciarse.