Garzón explicó en este sentido que le correspondieron las denuncias sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco “por estricto turno de reparto” y, a partir de ahí, hizo “lo que creía que tenía que hacer, acomodándome a las normas legales en vigor y a las internacionales”.

El juez hizo estas afirmaciones en su declaración como acusado en el juicio que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal está celebrando contra él por un delito de prevaricación que habría presuntamente cometido con la investigación que llevó a cabo en el año 2008 sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Garzón quiso destacar el derecho de las víctimas del franquismo a la “verdad, la justicia y la reparación”.

GENOCIDIO NAZI

El acusado también aseguró que los crímenes que tuvieron lugar en la Guerra Civil y en la dictadura de Franco son comparables en su persecución penal con el genocidio llevado a cabo por los nazis, ya que en ambos casos hubo un “plan sistemático” para “la eliminación de miles de personas”.

“Toda la mecánica era idéntica a la de otros regímenes de Europa en los años 40. Había un plan preconcebido para la eliminación de personas, muchas de ellas, miles y miles, siguen desaparecidas”, dijo.

El magistrado se defendió señalando que su investigación es similar a la que en la actualidad todavía se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, por parte del juez Ismael Moreno, contra tres oficiales de las SS del régimen de Adolf Hitler que fueron reconocidos por víctimas españolas como sus carceleros en los campos de concentración en los que estuvieron confinados.

Garzón subrayó que la causa contra el franquismo y el proceso abierto por el juez Moreno contra los oficiales de las SS tienen “un contenido prácticamente idéntico”.

CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

El acusado explicó que se declaró competente en la causa al considerar que había indicios de que se habían cometido crímenes contra la humanidad que no podían prescribir.

“Las denuncias hablaban de episodios de desaparición forzada, asesinatos y enterramientos ilegales, secuestros de menores y niños”, dijo Garzón.

Señaló, en este sentido, que se daban los elementos para entender que se había cometido delitos contra los altos organismo de la nación y desapariciones forzosas que no habrían prescrito ni podían quedar extinguidos por la Ley de Amnistía de 1977.

El acusado explicó que esta ley se aplica a delitos políticos y no, como en el caso de los crímenes del franquismo, “en un contexto de crímenes contra la humanidad”.

Garzón explicó que a la hora de estudiar su competencia para investigar los crímenes del franquismo tuvo en cuenta la interpretación de las leyes españolas y de los tratados internacionales, además de la propia doctrina que el Tribunal Supremo estableció en el “caso Scilingo” contra la dictadura argentina.

DOCTRINA DEL SUPREMO

“Intenté seguir la doctrina de esta sala, donde se habla precisamente del contexto de crímenes contra la humanidad en el ‘caso Scilingo’, esa es la sentencia que yo seguí en estas resoluciones”, dijo antes de hacer referencia también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y a su investigación contra Augusto Pinochet.

El juez suspendido cuatelarmente destacó, además, que desde que recibió las primeras denuncias, en diciembre de 2006, hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó que no era competente para investigar los hechos, en octubre de 2008, no autorizó “ni una sola exhumación de las solicitadas”. También subrayó que la Fiscalía no recurrió ninguna de sus resoluciones hasta que planteó la cuestión de competencia ante la Sala de lo Penal, que tres de los magistrados de este órgano consideran que la Audiencia Nacional si podía investigar los hechos y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó todas las denuncias presentadas contra él.

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE FRANCO

Garzón explicó que decidió solicitar los certificados de defunción de Francisco Franco y de otros líderes de la dictadura para poder declarar “la extinción de la responsabilidad penal” y que las víctimas pudiesen iniciar las reclamaciones civiles.

“En algunos casos era notorio su fallecimiento pero en otros ni mucho menos”, dijo el acusado, quien se quejó de la ausencia de un censo nacional sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura.

“Para mi sorpresa no me daban ningún dato, en España no hay un censo de desapariciones forzosas de la Guerra Civil”, dijo Garzón antes de señalar que las únicas administraciones que le ofrecieron censos fueron el País Vasco, Cataluña, Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid.

El magistrado determinó de forma aproximada que habría 114.000 casos de personas desaparecidas sin vinculación con la confrontación de la Guerra Civil.

SE NIEGA A CONTESTAR

Garzón se negó a contestar a la preguntas de la acusación ejercida de forma conjunta por Manos Limpias y Libertad e Identidad. "No voy a contestar a la acusación porque considero que no está legitimada para estar en esta sala", dijo el acusado. Ante la negativa de Garzón, el abogado de la acusación, Joaquín Ruiz Infante, dio lectura a sus preguntas.

La acusación ejercida por Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

La Fiscalía, al igual que en el resto de causas abiertas en el Supremo contra Garzón, no ejerce la acusación al considerar que el juez suspendido no cometió delito alguno.

Garzón tan sólo contestó a las preguntas de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, y del fiscal del Supremo Luis Navajas.

Al inicio de la vista oral, el tribunal anunció que había decidido rechazar las cuestiones previas planteadas tanto por la defensa de Garzón como por la Fiscalía, por lo que la sala prosiguió con el juicio.