Amnistía subrayó que la Ley de Caducidad tolera los miles de casos documentados de tortura y desapariciones cometidos por policías y militares, al impedir el enjuiciamiento de los delitos cometidos por estos agentes de seguridad hasta 1985.

El 99% de los presos políticos entrevistados en su momento por grupos de derechos humanos locales afirmaron haber sido torturados y el número de presos políticos detenidos durante este periodo alcanzó los 7.000, según algunas estimaciones.

La directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, destacó que "es el momento de que Uruguay muestre que no permitirá la impunidad de estos crímenes. Se debe justicia a las víctimas".

Propuesta por el primer Gobierno de Julio María Sanguinetti, la ley fue aprobado por el Congreso en diciembre de 1986 y ratificada en referéndum en 1989.

Sin embargo, la Corte Electoral de Uruguay anunció el pasado 14 de junio que contaba con las firmas necesarias para realizar un nuevo plebiscito sobre la posible anulación de la ley, lo que implicaría efectos retroactivos sobre los crímenes cometidos después del golpe militar de junio de 1973.