Así se recoge en un informe de Ecologistas en Acción a partir de los datos recopilados en 480 estaciones de medición de ozono troposférico existentes en España.

Este informe, difundido este martes y que cumple su sexta edición anual, toma como referencia dos valores límite: el objetivo legal de la UE de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, que no debe superarse en periodos de ocho horas durante más de 25 días al año, y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija ese valor objetivo a 100 microgramos por metro cúbico.

El documento, con datos preliminares entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021, indica que 1,4 millones de españoles (un 2,9% de la población) y 9.352 kilómetros cuadrados (un 1,9% del territorio) han estado expuestos este año a aire con ozono troposférico por encima del límite legal.

La población afectada baja entre 8 y 10 millones respecto a años anteriores a la pandemia. Se trata del mínimo histórico desde la entrada en vigor del objetivo legal en 2010. El máximo se produjo en 2018, con 11,5 millones de personas expuestas (24,6% del total).

Respecto a la superficie afectada, es también la más baja desde que la serie histórica de datos comenzara en 2014. El máximo llegó en 2017, con 149.373 kilómetros cuadrados (29,6%).

Si se tiene en cuenta la recomendación de la OMS -más restrictivo que el valor objetivo de la UE-, esas cifras ascienden a 34,6 millones de personas afectadas (72,9% de la población) y 422.745 kilómetros cuadrados expuestos (83,8% del territorio). También son las cifras más bajas desde 2010 y 2014, respectivamente.

Los territorios más afectados por el ozono troposférico se reparten entre la Comunidad de Madrid, el interior de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, la ciudad de Cáceres y la zona industrial de Puente Nuevo (norte de Córdoba). Pese a la mejora de la situación en los últimos dos años coincidiendo con la pandemia de la Covid-19, 18 zonas de siete comunidades autónomas -donde residen 10 millones de habitantes- incumplieron el objetivo legal en el trienio 2019-2021.

La frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido muy inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos respectivos de un 37% y el 58% en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019.

¿QUÉ ES EL O3?

El ozono troposférico, denominado ‘ozono malo’ en contraste con el que se sitúa en las capas altas de la atmósfera y protege de las radiaciones ultravioleta, se produce en primavera y en verano por la mayor presencia de la radiación solar y se genera por la reacción entre la luz del sol y el dióxido de nitrógeno, y los hidrocarburos emitidos por los automóviles y algunas industrias.

Es el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en España y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con las altas temperaturas.

Se trata de un contaminante secundario que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la baja atmósfera al combinarse la radiación solar con otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el tráfico rodado, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales.

El O3 afecta especialmente a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana, ya que este contaminante se desplaza con facilidad. Por inhalación, puede provocar un incremento de los riesgos de enfermedades respiratorias agudas y la reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.

PROBLEMA SANITARIO

Según Ecologistas en Acción, la contaminación por ozono debe abordarse como “un problema sanitario de primer orden”, pues causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Las personas más afectadas son niños, mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33% del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se cifran en 800 millones de euros en 2000, un 3,2% del PIB agrícola.

Para Ecologistas en Acción, la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas “no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema” y el índice de calidad del aire aprobado por el Gobierno califica como regulares niveles de ozono que pueden ser dañinos para la salud. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a picos de contaminación por ozono y sólo Valladolid aplica medidas de limitación del tráfico en episodios.

Los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios, según la legislación y el Tribunal Supremo, pero 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin aprobarlos. Ecologistas en Acción ha denunciado judicialmente la inactividad de los gobiernos castellaonelonés, catalán, valenciano, madrileño y navarro, con recursos vistos para sentencia.

Ecologistas en Acción ha pedido reiteradamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que agilice el Plan Nacional de Ozono, anunciado el pasado septiembre por la titular de este departamento, Teresa Ribera, y que exija a las comunidades autónomas que cumplan con sus obligaciones en la materia.

Para esta organización, las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética, y el apoyo a las energías renovables, así como ampliar el área de control de emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.