El objetivo, según explica el Cermi, es favorecer el acceso de estas personas a la docencia universitaria y avanzar en la inclusión educativa de los estudiantes universitarios con discapacidad.

Además del aumento del 1% de reserva, el Cermi también solicita que se abra a todas las personas con discapacidad a partir del 33% del grado de discapacidad, que, según señala, es el límite de discapacidad con reconocimiento legal en España, y no el vigente, que es del 65%, que deja a muchas personas con discapacidad sin la oportunidad de solicitar estas becas.

"El umbral del 33% es el general establecido en todos los ámbitos, incluido el laboral, para acceder a los derechos y prestaciones que dispensan las Administraciones Públicas a las personas con discapacidad, por lo que pedimos su equiparación en este régimen de becas", expone.

En relación a la fecha de finalización de los estudios que dan acceso a los estudios de máster o al período docente o formativo de doctorado, el Cermi plantea que las personas con discapacidad tengan un estatuto "especial", "más amplio y flexible", para desarrollar una carrera profesional en análogas condiciones de tiempo a las personas sin discapacidad.

Así, el Cermi propone aplicar medidas de acción positiva, con el objetivo de ofrecer "más apoyos" a aquellas personas que "más las pueden necesitar", y que, además, cuentan con un “amplio” apoyo jurídico en la legislación española, como la Convención de la ONU, la Liondau o la propia Ley Orgánica de Universidades.