‘Anboto’ fue trasladada el pasado mes de junio desde el Centro Penitenciario Madrid I a la cárcel de Álava, una decisión de Instituciones Penitenciarias que fue muy criticada por diversas asociaciones de víctimas del terrorismo.

La que fuera jefa de la banda junto a su pareja Mikel Albisu ‘Mikel Antza’, ya acumula 222 años de condena en las seis sentencias que ya han sido dictadas y ha sido condenada a pagar 2,2 millones de euros de indemnización a sus víctimas. Aún quedan por dictarse otras seis sentencias. Fue detenida junto a su compañero en 2004. ‘Antza’ saldó sus deudas con la justicia en 2019 y se encuentra en libertad porque su función era liderar el aparato político de la banda.

Ella, sin embargo, estuvo inmersa de lleno en la estructura operativa y dirigió los comandos legales de ETA, por lo que acumula varios delitos de sangre en su haber. La condena más reciente es una de 39 años de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por el asesinato en junio de 1985 del cartero de la localidad alavesa de Amurrio Estanislao Galíndez.

Pero, además, en marzo pasado fue condenada a 61 años de cárcel por ordenar el atentado contra los policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao en enero de 1995, en el que murió un agente y otro resultó gravemente herido, y otro atentado contra una entidad bancaria de Getxo en 1994.

El Tribunal Supremo ya la había condenado en firme a 122 años de prisión por ordenar y facilitar material para cometer el atentado contra el comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León. En ese atentado resultó herida la hija del militar.

La etarra ha sido absuelta de haber entregado explosivos a un comando para atentar en 1997 contra una comisaría de Policía en Oviedo y de haber participado en la colocación de un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria, para acabar con la vida de los 21 policías nacionales que iban a vigilar un encuentro deportivo.

‘Anboto’ se enfrenta también a una petición de 27 años de cárcel por ordenar un atentado contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en octubre de 1997. Además, tiene pendiente la sentencia por la colocación en 1987 de un artefacto explosivo trampa a las puertas de un bar de la localidad guipuzcoana de Escoriza para matar a los guardias civiles que acudiesen a desactivarlo, por lo que fiscal pidió 61 años de cárcel. También será juzgada por un atentado con coche bomba en Vitoria en 1987, que costó la vida a dos agentes.