Según informa el Parlamento Europeo, la entrada en vigor de este acuerdo, al que se opusieron el ponente y los eurodiputados españoles de INTA (por considerarlo contrario a los intereses de los agricultores españoles), dependerá de la votación final del pleno de la Eurocámara el próximo 15 de febrero.

Este acuerdo prevé la liberalización del comercio de todos los productos agroalimentarios, salvo los que la Unión Europea considera sensibles para el mantenimiento de la economía agrícola dentro del territorio comunitario (como el tomate, el pepino, el calabacín, la fresa, las clementinas, el ajo y el azúcar).

El resto de productos no tendrán un límite de importación ni precios fijos de entrada. Para estos productos "sensibles" se aumenta también la cuota que Marruecos podrá vender a Europa, lo que preocupa a los agricultores de regiones como Canarias, Andalucía y Murcia.

El ponente del informe, el francés José Bové (Los Verdes) había recomendado rechazar el acuerdo por entender que la liberalización de estos productos supondría una competencia injusta para los productores europeos de frutas y verduras.

Además, denunciaba las pésimas condiciones salariales de los agricultores marroquíes y que algunas de las zonas donde se cultiva son "casi desérticas" y obligan a utilizar hasta 10 veces más de agua de lo habitual, lo que perjudica al medio ambiente.

Los eurodiputados de la comisión admitieron una enmienda al texto que dio la vuelta al resultado de rechazo inicialmente perseguido por el ponente, José Bové, y al final el informe fue aprobado por 23 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

Entre los cinco eurodiputados en contra del acuerdo figuraban dos miembros del Grupo de los Verdes -uno de ellos el ponente, José Bové-, y los tres eurodiputados españoles presentes en la votación: Pablo Zalba (PPE), María Auxiliadora Correa (PPE) y Emilio Menéndez del Valle (S&D).