Gallardón afirmó hoy que el Ejecutivo reformará la Ley de Salud Sexual y Reproductiva para "exigir" que las menores que aborten lo hagan siempre con el consentimiento paterno y que la modificación se hará bajo el derecho a la vida en los términos definidos en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Para la Fadsp, esto supondrá "un verdadero desastre" , ya que, argumentó, si se vuelve a la legislación anterior, se volverá también a la desprotección de las mujeres, que en muchos casos se veían obligadas a pasar por enfermas psíquicas para poder interrumpir su embarazo legalmente.

Los profesionales sanitarios, prosiguió la citada federación, retrocederán también hasta la desprotección, ya que las indicaciones incluidas en la norma gozaban de "una gran indeterminación".

"Existe mucha evidencia científica de que las restricciones en el acceso al aborto a las mujeres favorecen las prácticas ilegales e incontroladas y en suma aumentan los abortos, pero en peores condiciones sanitarias con lo que incrementan la mortalidad", aseguró Defensa de la Sanidad Pública, quien deseó por todo esto que el Gobierno "rectifique" y no modifique la ley.