El fiscal del Supremo Luis Navajas hizo esta petición al inicio del segundo juicio celebrado contra Garzón. El representante del Ministerio Público dijo en el trámite de cuestiones previas que se debe aplicar a Garzón la misma doctrina que llevó a la absolución del presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Entiende que la acusación popular ejercida de forma conjunta por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad no tiene "legitimidad procesal" para impulsar en solitario un juicio contra el antiguo juez de la Audiencia Nacional. La Fiscalía no ejerce la acusación en este caso.

La acusación pide al Supremo que condene a Garzón a 20 años de inhabilitación y le imponga una multa de 21.600 euros, al atribuirle un delito continuado de prevaricación.

BOTÍN CONTRA ATUTXA

Frente este argumento, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, esgrimió la conocida como “doctrina Atutxa”. En la "doctrina Botín", el Supremo determinó que un procedimiento no puede seguir adelante sólo con la acusación popular, cuando ni el fiscal ni el perjudicado directo ejercen ese derecho.

En el caso de Atutxa, el Supremo estableció que sí basta con la acusación popular para llevar a juicio a personas acusadas de delitos en los que no puede existir un perjudicado directo, como es el caso del delito de prevaricación.

La "doctrina Atutxa" permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgar y condenar a un año y medio de inhabilitación al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. El dirigente del PNV fue condenado en abril de 2008 por un delito de desobediencia por no haber disuelto el grupo parlamentario que Batasuna tenía en la Cámara de Vitoria en una causa en la que la Fiscalía no ejerció la acusación.

En contra de este criterio, el propio Tribunal Supremo decidió a finales de 2007 absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el marco de la causa por las cesiones de crédito de la entidad bancaria al entender que si en una causa ni el fiscal ni el perjudicado directo acusan, no basta la petición de la acusación popular para iniciar un juicio y sentar a los acusados en el banquillo.

El fiscal Navajas dijo hoy que el criterio de la “doctrina Atutxa” es “poco razonable” y recordó que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional y que alguno de los magistrados que componen el tribunal estuvieron en desacuerdo con ella.

INSTRUCTOR “PARCIAL”

El fiscal también respaldó a la defensa de Garzón en su petición de declarar la nulidad del procedimiento por la “actuación irregular” del instructor de la causa, el magistrado Luciano Varela.

La representación del acusado y la Fiscalía subrayaron en este sentido el auto dictado el 20 de abril de 2010, en el que Varela pidió a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS que presentasen nuevos escritos de acusación ante los errores que habían cometido.

El fiscal Navajas aseguró que la actuación del instructor Varela fue “nula” y contradijo “las normas jurídicas”, ya que no existe ningún precepto legal que permita devolver un escrito de acusación para que se subsanen sus errores.

“El instructor devolvió el toro a los toriles porque el morlaco no era presentable para ser lidiado en una plaza de primera”, dijo Navajas sobre una actuación que, a su entender, generó a Garzón “una auténtica indefensión”.

DECISIÓN “INSÓLITA”

El representante de la Fiscalía aseguró que en sus 36 años de labor profesional “nunca” ha visto una resolución como la dictada por el instructor Varela, que tildó de “insólita” e “insostenible”.

Navajas solicitó por lo tanto que se declare la nulidad de la resolución de Varela, que se expulse del procedimiento el escrito de acusación y se archiven las actuaciones contra Garzón.

El fiscal incluyó en su discurso una advertencia a los magistrado del tribunal y alertó sobre la posibilidad de que, en el futuro, “venga un tribunal extranjero de derechos humanos a decir que el Supremo no se ha comportado con la necesaria imparcialidad” en el caso de Garzón.

Tras escuchar las cuestiones previas planteadas por las partes, el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados, dio por finalizada la primera sesión del juicio.

La vista oral se retomará el 31 de enero con la resolución de las cuestiones previas y el interrogatorio a Garzón.