Así, le ha remitido una carta sobre las “libertades en la universidad catalana”, en la que responsabiliza a la asociación “tanto por acción como por omisión”, pues, en su opinión, “la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores y alumnos están siendo lesionadas una y otra vez por las declaraciones institucionales de contenido partidista emitidas por los órganos de gobierno y de representación de nuestras universidades, y por la propia ACUP”, basándose en lo establecido previamente por algunos tribunales que así lo afirmaban y por las condenas que pesan sobre casos ocurridos en alguna de las universidades públicas.

En este sentido, también incidió en el pronunciamiento que a este respecto había hecho el Defensor del Pueblo y en las reclamaciones de docentes catalanes y del resto de España en cartas y manifiestos promovidos por el ‘Foro de Profesores’; que, a su juicio, “no hacen sino invocar un principio innegociable en cualquier democracia, el de la neutralidad ideológica de las instituciones públicas, cuyo respeto es tanto más perentorio si se trata de instituciones educativas”.

Por ello, pidieron a las instituciones públicas que “no hablen en su nombre”, y se sorprendieron porque, a su juicio, la ACUP no muestre preocupación alguna por el hecho de que las universidades que la integran violen con tanta frecuencia libertades públicas tan fundamentales. “En todo caso, incluso si la ACUP no estuviera de acuerdo con la motivación de las sentencias y requisitorias que censuran el comportamiento de los rectores y de los claustros, un mínimo deber de lealtad democrática requiere que tales decisiones sean acatadas y que se obre en consecuencia y se abandone la práctica de apoyar institucionalmente las ideas de unos en detrimento de las de otros”, apuntaron.

Así, pidieron a las universidades catalanas y a la ACUP que dejen de asumir como propias “las posiciones ideológicas que solo son de algunos”, y aseguraron ver afectadas la libertad de reunión y la de manifestación “por la pretensión de ciertos sectores del movimiento estudiantil de monopolizar el espacio público universitario, expulsando de él a todos los que piensan de otro modo”. Se trata de una pretensión que calificaron de “totalitaria”, pues explicaron que “se puso una vez más de relieve en los sucesos que tuvieron lugar en la UAB el pasado 6 de octubre, cuando un numeroso y violento grupo de estudiantes hostigó durante horas a otro grupo, mucho menos numeroso, que pacíficamente trataba de dar a conocer sus ideas, hasta que, por fin, y por la fuerza bruta, destrozaron su carpa”.

Asimismo, aseguraron ver amenazada la libertad lingüística, e incluso apuntaron a cierta persecución de las personas que, en las clases, “deciden utilizar la lengua no anunciada”.

Así, recordaron que las normas estatales y autonómicas dan a los estudiantes y profesores universitarios el derecho a expresarse en la lengua oficial de su elección; que en Cataluña la gran mayoría de los estudiantes y profesores universitarios se maneja con soltura en ambas lenguas y cambia con toda facilidad de una a otra; que nadie tiene el derecho de exigir a los otros que se expresen en una u otra lengua; que la lengua mayoritaria de los catalanes es el castellano; y que la lengua catalana es no solo plenamente respetada y normalmente usada en la universidad, sino claramente dominante en su comunicación institucional.

Por ello, se pronunciaron acerca del objetivo de alcanzar ese 80% de docencia en catalán, del que opinaron que, “aparte de haber sido acordado a iniciativa de un ‘Moviment Estudiantil’ que no se sabe muy bien a quién representa y de ser de muy difícil consecución, sería gravemente lesivo para nuestras universidades, porque las aislaría de las del resto de España y del mundo”.