En un comunicado, la asociación lamentó “que los ayuntamientos hayan sido ignorados en la reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para adecuarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional”. “Máxime teniendo en cuenta la trascendencia del texto definitivo en las arcas municipales, cuya merma deberá compensar el Estado, lo que disparará aún más el déficit público”, añadieron.

Asimismo, la asociación de inspectores señaló que “la reforma legal de la plusvalía municipal llega cuatro años tarde” y que “las prisas de última hora han llevado a una regulación por Real Decreto Ley que dará lugar a una oleada de recursos de inconstitucionalidad”.

En la misma línea, aseguraron que desde la primera sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 “se ha generado una incertidumbre innecesaria que ha perjudicado muy seriamente la seguridad jurídica de los contribuyentes y de la Administración, así como la labor diaria de los funcionarios locales, en especial del personal inspector que debe tratar directamente con los ciudadanos en su labor de lucha contra el fraude fiscal”.

En este sentido, la asociación advirtió que los términos acerca del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre y la regulación cuya entrada en vigor ha tenido lugar el 10 de noviembre “vaticinan nuevos conflictos que deberán ir resolviendo los Tribunales de Justicia con la consecuente inestabilidad que tanto perjuicio causa a ciudadanos y entidades locales”.

No obstante, la asociación admite que en el nuevo Real Decreto Ley “se atiende en mayor medida al principio de capacidad económica” y que algunas novedades como la tributación de transmisiones inferiores a un año, “en muchas ocasiones puramente especulativas, sí satisfacen anteriores propuestas municipales y principios de justicia tributaria”.

Por último, indicó que “la reforma de la plusvalía puede plantear problemas en aquellos ayuntamientos que no cuenten con los medios adecuados para la liquidación del impuesto”, por lo que consideran que “nace desenfocada por la discriminación que han sufrido los entes locales, quienes deberían haber sido consultados ante la confección de la nueva norma”.