Llop se refirió a esta cuestión en unas declaraciones tras firmar con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, un Memorando de Entendimiento (MOU) para fortalecer la cooperación de ambas instituciones en materia de digitalización de la Administración de la Justicia.

Tras este acto, la ministra fue preguntada por la ratificación de los nuevos magistrados del Constitucional esta tarde en el Congreso y si entendería que diputados del PSOE o de los partidos que apoyan al Ejecutivo no votaran a favor al ser Arnaldo uno de los candidatos.

“Cada uno es responsable de lo que tiene que hacer y cada uno sabe perfectamente cuál es el acuerdo al que se han llegado por las fuerzas políticas”, dijo la titular de Justicia, quien añadió que coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que la designación de los nuevos miembros del Constitucional “no es una cuestión de gustos”, sino “de cumplir con la Constitución”.

“UNA PERSONA CON TRAYECTORIA”

Añadió que entiende que Arnaldo “es una persona con trayectoria en el mundo del derecho”, al tiempo que indicó que “son las fuerzas parlamentarias las que han entrado en esa negociación y han decidido quiénes son las personas que tienen que ser miembros” de la institución que interpreta la Carta Magna.

Señaló que el pacto logrado al respecto entre populares y socialistas es “un acuerdo de Estado”, que demuestra “que las fuerzas políticas son capaces de consensuar algo tan importante como es un órgano constitucional y que lo tenían que haber hecho hace tres años”.

Añadió que “desde luego” que el Gobierno “está preocupado con el descrédito de las instituciones en general”, motivo por el que consideró necesario que el PP acceda a renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que no contempla “otro escenario” que designar a los nuevos vocales de esta institución.

Por este motivo, reclamó al partido de Pablo Casado que negocie los nuevos miembros del órgano de gobierno de los jueces, negociación que considera está “en la buena senda” tras el acuerdo para negociar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo.