Así lo subrayó este jueves la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en un comunicado en el que recordó que, según un reciente estudio de Cáritas y Foessa, en España hay al menos 2,4 millones de hogares, un 14%, con “severas dificultades” para pagar la factura de la luz, de los cuales, según los cálculos de OCU, solo la mitad disfrutan del bono social eléctrico.

A juicio de la organización, es “muy probable” que la “mayor parte” de las familias a las que hace referencia la investigación de Cáritas “cumplan los requisitos” para poder beneficiarse del bono social eléctrico, “especialmente por la escasez de ingresos”. “Si no lo hacen es por la falta de información, las dificultades para tramitar la solicitud o por una situación de exclusión tecnológica”, sentenció.

A este respecto, urgió al Gobierno a que “identifique” a los posibles beneficiarios a partir de los datos que obran en poder de las administraciones y a que se les aplique los descuentos del bono social eléctrico “de forma automática”, si bien, “mientras tanto”, estimó “de gran ayuda” que se “simplifique” su renovación cada dos años y que el bono sea “accesible” también para los contratos en el mercado libre, facilitando así que las compañías localicen a sus usuarios “vulnerables”.

Tras reclamar que se amplíen los límites de kWh bonificados, la asociación puntualizó que, en la actualidad, el bono social eleva los descuentos originales al 60% para los hogares “vulnerables” y al 70% para los hogares “vulnerables severos” hasta el 31 de marzo de 2022 y explicó que a los colectivos tradicionalmente beneficiarios del bono se añade de forma provisional a los afectados por desempleo, ERTE, o empresarios con reducciones de jornada por cuidados de familiares que hayan visto reducidos sus ingresos durante el mes anterior.

La organización señaló, además, que los beneficiarios del bono social eléctrico disfrutan también de forma automática del bono social térmico, que supone una ayuda adicional de hasta 125 euros al año y cuentan con una “protección adicional” en caso de impago, ya que tienen derecho a un periodo de espera mínimo de cuatro meses de impagos antes de proceder al corte y, si hay riesgo de exclusión social o en el hogar hay menores de 16 años o personas con discapacidad, el suministro no se puede interrumpir.

En este sentido, OCU hizo hincapié en que hasta el 28 de febrero no podrá cortarse el suministro de gas, luz y agua de ningún hogar con bono social.